Entrevistas

“Tomaremos decisiones justas, acordes al ordenamiento jurídico”

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Una semana después de cumplirse en Garzón la maratónica audiencia pública para revisar las compensaciones de la licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, LA NACIÓN habló con la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Claudia González, quien, con cabeza fría, respondió sobre las conclusiones y lo que viene en busca de soluciones de fondo.

Para la funcionaria fue una reunión muy buena, con una asistencia de unas 2.000 personas, entre autoridades nacionales, locales, regionales, delegados de los seis municipios del área de influencia del proyecto como Altamira, El Agrado, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia.

Y favorable porque estuvo presente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, quien escuchó de primera mano las preocupaciones y quejas de la comunidad.

También estuvieron presentes delegados de los organismos de control, entre ellos la Procuraduría, La Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas.

¿Qué conclusiones dejó la audiencia?

Fue un ejercicio de participación sustancioso, con mucha documentación, incluyente, tolerante y donde se respetaron las diferencias.

¿Qué impresión se llevó de las denuncias sobre incumplimientos?

Hubo 972 inscritos, lo que demuestra el gran interés que despertó la audiencia pública, y aunque no todos intervinieron, dado que fueron dos días de jornadas extenuantes, se abordaron diversos temas relacionados con denuncias sobre incumplimiento en las compensaciones sociales, atraso en el cronograma de construcción de los distritos de riego, demora en los programas de reforestación, inconformidad por las condiciones de los reasentamientos y situación de los pescadores artesanales.

Con esa información de primera mano, ¿qué sigue ahora?

La Anla elaboró un acta y conformó un equipo de trabajo para evaluar las ponencias y cada una de las intervenciones. De Garzón nos trajimos 13 cajas de documentos que fueron radicados por las autoridades locales y regionales y la comunidad. A principios del año entrante, posiblemente en febrero, tendremos conclusiones y tomaremos las acciones a que haya lugar.

El gobernador planteó la suspensión provisional de la licencia hasta tanto se cumpla con las compensaciones. ¿Qué opina?

Nosotros tenemos que actuar en el marco de la legalidad y sólo hasta que hayamos evaluado todas las ponencias y denuncias, y las confrontemos, podremos tomar una decisión.

¿Hay una siguiente instancia en caso de que una de las partes apele la decisión?

La Agencia fundamenta sus decisiones en criterios jurídicos, velando siempre por el desarrollo sostenible. En Garzón hubo anuncios de acudir a las Cortes y a instancias internacionales. Es un derecho que tienen los ciudadanos. Si nosotros encontramos irregularidades e incumplimientos, actuamos. Ahora bien: hay otras entidades, locales y regionales que tienen compromisos con la comunidad huilense. Lo que el Gobierno Nacional ha hecho es evaluar desde el punto de vista interinstitucional en qué se ha avanzado y cuáles son los atrasos para prestar el apoyo que se requiera.

Se planteó la creación de una mesa de seguimiento y verificación. ¿Está de acuerdo?

Todo lo que sea constructivo, para que todos los actores cumplan con sus obligaciones y se enmarquen en la Constitución y la Ley, la Anla está dispuesta a respaldar. Nosotros estamos fortaleciendo todos los procesos de participación ciudadana, nos interesa escuchar a la comunidad y tomar decisiones justas, acordes al ordenamiento jurídico. En Garzón, el ministro Murillo fue el primero en proponer un mecanismo de seguimiento para verificar cada una de los compromisos adquiridos por los diferentes actores involucrados con El Quimbo.

Responsabilidad de la Agencia

Muchos asistentes los responsabilizaron a ustedes de lo sucedido con el impacto ambiental por no haber hecho el seguimiento respectivo. ¿Qué puede decir al respecto?

El seguimiento al proyecto es lo que se ha hecho. Hemos generado 36 actos administrativos, inclusive, se sancionó a la empresa (Emgesa operadora del proyecto) con más de $2.500 millones por no haber adelantado las actividades de repicado, apilado y retiro de la madera y la biomasa producto del aprovechamiento forestal en el vaso del embalse de El Quimbo. También realizamos seguimiento diario a la calidad del agua y a los niveles de oxigenación. Lo que sucede es que hay obligaciones que son competencia de otras entidades.

¿Por ejemplo?

Nos critican porque no se ha construido la vía perimetral. Esa obligación depende del acuerdo que exista entre la Gobernación y los alcaldes para definir el trazado. Hay que decirlo claro: en todo esto de El Quimbo hay mucha desinformación.

¿Hay mucha gente interesada en pescar en río revuelto en el proyecto de El Quimbo?

Quisiera pensar que no. Este es un proyecto muy importante para el Huila y para garantizar la sostenibilidad energética del país. Lo más importante es que todos cumplan los compromisos ambientales, sociales, económicos y culturales. Pescar en río revuelto, sería lamentable.

Hay quejas de que la Agencia ha estado más del lado de Emgesa que de la gente ubicada en la zona de influencia del proyecto. ¿Qué dice usted?

Se dicen muchas cosas. Lo cierto es que todas las actuaciones de la entidad se enmarcan en una rigurosa evaluación técnica y jurídica. Fuimos los más interesados en la realización de las seis reuniones informativas en cada uno de los municipios ubicados en la zona de influencia y los que apoyamos la realización de la audiencia pública.

El senador Ernesto Macías propuso un cupo accionario en el proyecto para los municipios vecinos. ¿Qué opina?

Ese tipo de decisiones no hacen parte de la competencia de la Anla. Nuestra misión es garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de nuestra competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica y jurídica para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad. Propuestas como la del senador se salen de nuestro ámbito.

¿Garantiza la Anla que hará respetar los derechos de las comunidades, los municipios y el departamento?

La empresa está obligada a cumplir con los compromisos establecidos en la licencia ambiental, que fue concedida el 15 de mayo de 2009, y sus modificaciones. Creemos que hay cosas que no se tuvieron en cuenta y que hay que adicionar. En el cumplimiento de esas obligaciones la Anla es inflexible.

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