Nota Política

A vueltas con la ley electoral

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IGNACIO ARROYO MARTINEZ

La ley electoral ha permitido celebrar elecciones libres pero ha sido un fracaso democrático porque no todos los votos valen igual.

Andan los partidos políticos ocupados en reformar la ley electoral y, por el momento, no se ponen de acuerdo.

Parece que coinciden en dos cuestiones básicas: corregir la discriminación del voto y, su correlativa, aumentar la representación proporcional.  Discrepan, sin embargo, en la fórmula para lograrlo, pero proclaman que su propuesta no busca aumentar sus votos sino reforzar el principio democrático, y así culpan al otro de la falta de acuerdo.

La experiencia ha mostrado el importante desajuste de la vigente ley electoral, que ha primado desproporcional e injustamente a unos partidos frente a otros. La ley ha permitido celebrar elecciones libres pero ha sido un fracaso democrático porque el voto del ciudadano español no vale lo mismo pues depende de su distrito electoral. Es decir, se prima la pertenencia a un territorio en evidente perjuicio de la condición personal. No todos somos iguales a la hora del recuento electoral.

Los partidos con implantación en todo el territorio se han visto perjudicados frente a aquellos que, como los nacionalistas, concentran sus votantes en determinados territorios. Lo mismo sucede con los partidos implantados en las grandes urbes pues obtener un escaño puede costar hasta el doble de votos, primando así a los partidos más arraigados en distritos electorales de menor población. En definitiva, la vigente ley favorece, por un lado, a los nacionalistas (PNV y JPC); y por otro, a los grandes partidos (PP y PSOE), en claro perjuicio de los demás, como son  Ciudadanos y Podemos.

Siendo grave lo anterior, más grave es aún que el gobierno no refleja necesariamente la mayoría de votos, ni tampoco gobierna el partido más votado: todo depende de la mayoría de los escaños, con lo que el dislate es todavía mayor.

Sentada esa premisa indiscutible ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo, si de verdad quieren aplicar el principio democrático: todos los votos son iguales y debe gobernar el partido más votado?

La solución es bien sencilla, si de verdad quieren remediarlo: basta introducir el distrito electoral único y cerrarlo con la segunda vuelta entre los dos partidos más votados. La fórmula traslada exactamente el porcentaje de votos a la asignación de los escaños, quedando garantizada la igualdad de todos los votantes y, además, garantiza el gobierno del partido más votado.

Además, nuestro sistema bicameral permite esa solución. El Congreso de los Diputados reflejará directamente el voto ciudadano sin diferenciar entre territorios y el Senado recogerá las diferencias territoriales, manteniendo la pluralidad de distritos electorales. Para eso están.

A ello hay que añadir que el sistema autonómico, verdadero sistema federal funcional, ya considera las diferencias territoriales, hasta el punto que el importante cuadro competencial reservado a las Comunidades Autónomas, puede y debe ser suficiente para colmar las legítimas diferencias por razón del territorio.

La ley electoral debe ser reformada pero los encargados de hacerlo no quieren perder sus posiciones y así seguiremos sacrificando la igualdad de los españoles y la estabilidad del gobierno en el acto más importante (y único) de la vida democrática: la elección de nuestros representantes democráticos, tanto para legislar como para gobernar.

IGNACIO ARROYO MARTINEZ, es abogado y catedrático de Universida

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