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Lista ponencia de reforma política

Comisión I
Comisión I

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 248 DE 2018 CÁMARA – PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 08 DE 2018 SENADO, ACUMULADO ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 09 DE 2018 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL.”

En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con fundamento en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley5ª de 1992, me permito rendir ponencia para primer debate ante la comisión que usted preside al Proyecto de Acto Legislativo Número 248 de 2018 Cámara – Proyecto de Acto Legislativo Número 08 de 2018 Senado, Acumulado Acto Legislativo Número 09 de 2018 Senadopor medio del cual se adopta una reforma política y electoral.

 

 

  1. ORIGEN DEL PROYECTO

 

  • El Proyecto de Acto Legislativo 008 de 2018 fue radicado el día 26 de julio de 2018 en la Secretaría General del H. Senado por los Honorables Senadores Luis Fernando Velasco Chaves, Mauricio Gómez Amín, Horacio José Serpa Moncada, Miguel Ángel Pinto Hernández, Fabio Amín Saleme, Julián Bedoya Pulgarin, Rodrigo Villalba Mosquera, Andrés Cristo Bustos, Guillermo García Realpe, Laura Fortich Sánchez, Jaime Duran Barrera, y publicado en la Gaceta del Congreso número 574 de 2018. Adicional a este proyecto, el Ministerio del Interior presentó el proyecto de Acto Legislativo 009 de 2018 Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso No. 594 de 2018.Estos proyectos fueron acumulados por la Mesa Directiva de la Comisión de Primera del Senado el 29 de agosto de 2018 y tramitados en un mismo informe de ponencia con el fin de racionalizar el trámite legislativo de los mismos.

 

  • La Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado designó como ponentes para primer debate a los honorables Senadores Santiago Valencia González, Temístocles Ortega Narváez (Coordinadores), Roy Barreras Montealegre, Esperanza Andrade de Osso, Julián Gallo Cubillos, Alexander López Maya, Carlos Guevara Villabón, Gustavo Petro Urrego, Luis Fernando Velasco Chaves, Angélica Lozano Correa.

 

  • Fueron presentadas tres (3) ponencias para primer debate del Proyecto de Acto Legislativo Número 08 de 2018 Senado, Acumulado Acto Legislativo Número 09 de 2018 Senadopor medio del cual se adopta una reforma política y electoral.: Una ponencia presentada por los SS. Roy Barreras, Temístocles Ortega, Luis F. Velasco, Angélica Lozano, Gustavo Petro, Julián Gallo, publicada en la Gaceta N° 720 de 2018; otra ponencia presentada por los HH.SS José O. Gaviria, Esperanza Andrade, Carlos Guevara, publicada en la Gaceta N° 720 de 2018; y finalmente ponencia presentada por el H.S. Alexander López, publicada en la Gaceta N° 759 de 2018.

 

  • La Comisión Primera del Senado en la sesión del tres (3) de octubre de 2018 aprobó el texto del proyecto de ley de acuerdo con la Constitución y la ley.
  • La Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado designó como ponentes para segundo debate a los honorables Senadores Santiago Valencia González, Temístocles Ortega Narváez (Coordinadores), Roy Barreras Montealegre, Esperanza Andrade de Osso, Julián Gallo Cubillos, Alexander López Maya, Carlos Guevara Villabón, Gustavo Petro Urrego, Luis Fernando Velasco Chaves, Angélica Lozano Correa.

 

  • Fueron presentadas dos (2) ponencias para primer debate del Proyecto de Acto Legislativo Número 08 de 2018 Senado, Acumulado Acto Legislativo Número 09 de 2018 Senadopor medio del cual se adopta una reforma política y electoral.: Una ponencia presentada por los SS. Santiago Valencia González, Temístocles Ortega Narváez (Coordinadores), Roy Barreras Montealegre, Esperanza Andrade de Osso, Julián Gallo Cubillos, Carlos Guevara Villabón, Luis Fernando Velasco Chaves, publicada en la Gaceta N° 848 de 2018; otra ponencia presentada por los HH.SS Angélica Lozano y Alexander López, publicada en la Gaceta N° 859 de 2018

 

  • La Plenaria del Senado de la República en la sesión del veintinueve (29) octubre de 2018 aprobó en segundo debate el texto del proyecto de ley con modificaciones de acuerdo con la Constitución y la ley.

 

 

 

  1. CONTENIDO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

 

 

A través de éste proyecto de Acto Legislativo, se reforman algunos artículos de la Constitución Política, con el objetivo de fortalecer la democracia en Colombia, luchar contra las prácticas clientelistas, la corrupción electoral, y fortalecer los partidos y movimientos políticos, y garantizar los derechos de las organizaciones políticas que irrumpen en el escenario participativo.

 

A continuación, se exponen los fundamentos jurídicos, de necesidad y conveniencia de la propuesta:

Como lo refiere Sartori, “la democracia se caracteriza por un gobierno mediante la discusión, en el que los ciudadanos controlan a los gobernantes y estos últimos tienen que ser responsables ante aquellos. Se trata del conjunto de aquellas decisiones políticas colectivizadas que buscan el bienestar, definidas por medio del método de formación del órgano decisorio y por las normas que rigen la toma de decisiones, comprendidos sus costes y riegos. Y un gobierno democrático debe poder gobernar, lo que es resultado de la combinación adecuada de representatividad y eficacia”[1].

 

Es por esto que desde la Constitución de 1991, se buscó desde diferentes medidas evitar las prácticas clientelares, así como la utilización del cargo público para el beneficio personal, la politización de la justicia, entre otras prácticas que ponen en riesgo importantes principios constitucionales como lo son la primacía del interés general, la legalidad o responsabilidad constitucional, así como la igualdad y la moralidad de las funciones públicas y administrativas[2].

 

Y es que a pesar de que la democracia colombiana se ha definido como una de las más estables de América Latina, existen profundos problemas de representación y participación efectiva que hacen necesario un reajuste estructural del sistema electoral colombiano.

 

La modificación del sistema político fijado en la Constitución de 1991, responde a la necesidad de refinar lo que Jeremy Waldron denomina “el derecho de derechos” en la democracia constitucional, esto es el derecho a participar en las decisiones políticas de la nación, que muchas veces culminan en las normas que rigen a la sociedad.[3]

 

Es por esto que luego de la apertura democrática que representó la Carta Política del 91, la cual ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como “el resultado de un proceso político surgido de la voluntad del Pueblo para poner fin a la violencia que se extendía desde mucho tiempo atrás en el territorio nacional, como consecuencia del conflicto armado interno. Así, el Texto Superior se erigió en su momento como un auténtico tratado de paz, en el cual quedó plasmada, desde múltiples perspectivas, la voluntad del constituyente primario de pacificar al país y brindar todas las herramientas necesarias para garantizar a los pobladores la vigencia de sus derechos fundamentales”[4].

 

Fue a finales de la década de los años 80 y principios de los años 90, que la sociedad colombiana presenció la cooptación de casi todos los poderes públicos a través de dineros provenientes de la mafia, el país atravesaba una de las peores situaciones de orden público por cuenta del accionar de diferentes grupos delincuenciales que operaban en la época, con la influencia determinante del narcotráfico que quería demostrar su poderío a través de la intimidación. Esta situación aunada a la existencia de más de cinco grupos guerrilleros requería de medidas estructurales para lograr la estabilización de la grave crisis.

 

Tal y como lo establece Tilly[5], “aunque ciertamente descansa sobre unas interpretaciones y prácticas compartidas, la democracia no se reduce a un estado mental, a un conjunto de leyes o a una cultura en común. Consiste en unas relaciones sociales activas, y cargadas de significado entre individuos y grupos que comparten su conexión con un gobierno específico”. Estas relaciones sociales a las que hace referencia Tilly, deben darse dentro de un marco de participación efectiva, tal y como se establece en la Constitución, dando prelación a los sectores sociales tradicionalmente excluidos, tomando en cuenta además las condiciones geográficas que han impedido la debida participación, se debe dar además bajo condiciones de transparencia, para garantizar el ejercicio político en condiciones de igualdad y siempre bajo la premisa de la búsqueda del interés general.

 

Esta reforma política constituye una verdadera reforma estructural anticorrupción, que permitirá que se ejerza la democracia a partir de las ideas, teniendo como base unos partidos políticos fortalecidos que aglutinen a su alrededor una militancia cuyo fundamento principal sea la ideología que la dignidad humana, le permite profesar a las personas.

 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS A RESOLVER Y OBJETIVOS DE LA REFORMA

 

  • Acabar con el corrupto sistema clientelar.
  • Acabar con la financiación personalizada de las microempresas electorales.
  • Fortalecer los Partidos como pilares de la Democracia.
  • Garantizar la financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas.
  • Garantizar la democratización interna de los Partidos.
  • Crear un registro único de militancia que garantice que los partidos y movimientos políticos sean quienes directamente tomen sus decisiones más importantes.
  • Garantizar la paridad de género y el principio de universalidad.
  • Permitir la adquisición progresiva de derechos desde los grupos significativos de ciudadanos hasta los Partidos Políticos.
  • Disminuir para el sistema electoral los costos de los procesos de elecciones.
  • Establecer la limitación de los periodos en las Corporaciones Públicas de elección popular.
  • Dotar de eficacia el umbral electoral en las Corporaciones Públicas de elección popular diferentes al Senado de la República.

 

 

 

PLIEGO DE MODIFICACIONES

 

TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO PONENCIA

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 107 de la Constitución Política así:

 

Artículo 107: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse o de retirarse de ellos.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar el fortalecimiento del régimen de bancadas y los procesos de democratización interna. Para la escogencia de sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular, propios o en coalición, se deberán utilizar los mecanismos de democracia interna.

La escogencia de los candidatos mediante alguno de los mecanismos de democracia interna, deberá realizarse en una fecha simultánea y única para todos los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos que será definida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

Las listas de candidatos que sean inscritas por los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, tendrán revisión de legalidad automática por la autoridad electoral en un término máximo de un mes. Una vez realizada la revisión de legalidad, ninguna candidatura podrá ser revocada, por hechos que ya fueron objeto de control de legalidad por la autoridad electoral. Se exceptúa de esto lo definido por la jurisdicción penal.

 

En el proceso de democracia interna, podrán participar los militantes registrados del convocante o la ciudadanía en general, según lo definido por el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos. Y el resultado de este proceso, será obligatorio.

 

Quien participe en los mecanismos de democracia interna de un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos, no podrá inscribirse por otro para un mismo proceso electoral.

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

 

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

 

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

 

Los directivos de los partidos o movimientos políticos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.

 

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido o movimientos políticos distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

 

PARÁGRAFO: Las sanciones contra los partidos y movimientos políticos previstas en este artículo no se aplicarán en los casos del partido que surgió el tránsito de las FARC-EP a la vida civil, que sean del conocimiento del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición.

 

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 107 de la Constitución Política así:

 

Artículo 107: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse o de retirarse de ellos.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

 

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

 

 

 

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. El resultado de las consultas será obligatorio.

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar el fortalecimiento del régimen de bancadas y los procesos de democratización interna. Para la escogencia de sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular, propios o en coalición, se deberán utilizar los mecanismos de democracia interna.

La escogencia de los candidatos mediante alguno de los mecanismos de democracia interna, deberá realizarse en una fecha simultánea y única para todos los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos que será definida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

Las listas de candidatos que sean inscritas por los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, tendrán revisión de legalidad automática por la autoridad electoral en un término máximo de un mes. Una vez realizada la revisión de legalidad, ninguna candidatura podrá ser revocada, por hechos que ya fueron objeto de control de legalidad por la autoridad electoral. Se exceptúa de esto lo definido por la jurisdicción penal.

 

En el proceso de democracia interna, podrán participar los militantes registrados del convocante o la ciudadanía en general, según lo definido por el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos. Y el resultado de este proceso, será obligatorio.

 

Quien participe en los mecanismos de democracia interna de un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos, no podrá inscribirse por otro para un mismo proceso electoral.

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.

 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

 

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

 

 

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

 

Los directivos de los partidos o movimientos políticos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.

 

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido o movimientos políticos distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

 

Parágrafo. Las sanciones contra los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, previstas en este artículo, no se aplicarán en los casos del artículo transitorio No.20 del Acto Legislativo No. 01 de 2017.

 

Parágrafo Transitorio: Por una sola vez los Partidos y Movimientos Políticos podrán tener como referente el último resultado electoral, que corresponda, para la conformación de las listas a las corporaciones públicas de elección popular, mientras definen el mecanismo de democracia interna que utilizarán para el efecto

 

Articulo 2 Sin modificación
Articulo 3 Sin modificación
Articulo 4 Sin Modificación
  Articulo Nuevo

 

Modifíquese el artículo 171 de la Constitución Política así:

 

El Senado de la República estará integrado por cien miembros. Setenta de ellos, serán elegidos en ocho Regiones, conformadas por departamentos así: 1. Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Archipiélago de San Andrés, le corresponderán 15 curules. 2. Región Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, le corresponderán 12 curules. 3. Región Capital: Distrito Capital de Bogotá, le corresponderán 10 curules. 4. Región Centro-Oriente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, le corresponderán 12 curules. 5. Región Antioquia: Antioquia, le corresponderán 9 curules. 6. Región Centro-Sur: Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila y Tolima, le corresponderán 5 curules. 7. Región Eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda, le corresponderán 4 curules. 8. Región Llanos: Arauca, Vaupés, Casanare, Guainía, Guaviare, Vichada y Meta, le corresponderán 3 curules. Los treinta miembros restantes serán elegidos por circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República para la circunscripción nacional. La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno

 

  Articulo Nuevo

Modifíquese el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política así:

 

8. Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público, ni para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad

 

 

  Articulo Nuevo

Modifíquese el artículo 181 de la Constitución Política así:

 

Artículo 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.

 

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.

 

Articulo 5 Sin Modificación
Articulo 6 Sin Modificación
Articulo 7 Sin Modificación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PROPOSICIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones y de acuerdo con los requisitos establecidos en Ley 5ª de 1992, solicito muy atentamente a los señores miembros de la Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de Acto Legislativo Número 248 de 2018 Cámara – Proyecto de Acto Legislativo Número 08 de 2018 Senado, Acumulado Acto Legislativo Número 09 de 2018 Senadopor medio del cual se adopta una reforma política y electoral., en los términos presentados a continuación.

 

 

De los Honorables Congresistas,

 

 

 

 

 

Oscar Hernán Sánchez León                                         Oscar Leonardo Villamizar Meneses

Coordinador                                                                       Coordinador

 

 

 

 

Julio César Triana Quintero                                           Juan Carlos Wills Ospina

Ponente                                                                               Ponente

 

 

 

 

 

 

Jorge Enrique Burgos Lugo                                           Inti Raúl Asprilla Reyes

Ponente                                                                               Ponente

 

 

 

 

Luis Alberto Albán Urbano                                                            Ángela María Robledo Gómez

Ponente                                                                               Ponente

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

[1] Sartori, Giovanni. Ingeniería constitucional comparada: una investigación de estructuras, incentivos y resultados (publicado en español en 1984).

[2] Reflexión contenida en la ponencia para primer debate Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2017 Senado – 012 de 2017 Cámara “Por Medio del Cual se Adopta Una Reforma Política y Electoral que Permita La pertura Democrática Para La Construcción de una Paz, Estable y Duradera”

[3] Jeremy Waldron. law and Disagreement. Capítulo 11. Oxford University Press (1988)

[4] Corte Constitucional, Sentencia C-408-17.

[5] Tilly, Charles. Contienda Política y Democrática. Editorial Casa del libro. Nueva York 2003, p. 12.

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