Nota Política

CONTINÚAN ESTANCAMIENTOS DEL CASO ZAPA PÉREZ

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Por: Fausto A Zapa Velásquez.

 

Otro diciembre que llega, y con éste se aproxima el final de un año más, sin que el proceso judicial del caso Zapa Pérez avance en lo más mínimo. De nada han servido las múltiples citaciones a las audiencias de este proceso penal, casi todas se han venido aplazando, y cuando nó, su desarrollo se ha logrado a medias, sin avance significativo; posiblemente porque sus propósitos son desviados y entorpecidos para generar dilación, desesperanza y otras intenciones más, que seguramente buscan olvido e impunidad.

El caso Zapa Pérez, por circunstancias inherentes a su proceso penal ha sido enviado en dos ocasiones a la Sala de Casación penal del Tribunal Superior de Justicia de Montería, en el cual, la primera vez demoró estancadado más de siete (7) meses; y la segunda vez, ó sea en este año lleva más de ocho (8) meses durmiendo el sueño de la parsimonia, desdén y la irresponsabilidad administrativa en materia de justicia.

Por esta situación, los familiares, allegados y amigos que hemos estado atento al desarrollo del proceso judicial de la desaparición forzada y vil asesinato de Jairo Zapa Pérez (Q.E.P.D), nos sentimos revictimizados y burlados por una justicia que camina con una lentitud asombrosa que ya no sorprende a la ciudadanía. Sobre todo después de ser testigo de otros casos sufridos por familiares de personajes importantes de la vida pública, cuyos procesos penales han durado muchos años, y hasta décadas.

Hoy, después de muchos meses es importante recordar que desde la misma semana de su desaparición forzada, los familiares de mi hijo iniciaron ante las autoridades Nacionales e Internacionales un intensa actividad dirigida a que se establezca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia frente a tan grave crimen. Desde entonces se han venido impulsando gestiones tendientes a la obtención de una justicia transparente y con celeridad, además de exigir verdad y reparación en el horrendo caso de nuestro familiar. Es así como se radicaron sendas comunicaciones en la Honorable Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación; de las cuales hasta ahora no se ha recibido respuesta alguna.

Otro hecho que llama la atención y no entendemos es que a finales de octubre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó negar el cambio de radicación del proceso penal (de Montería a Bogotá) solicitado por el Fiscal del caso. Posiblemente, ahora no se estuviera presentando un segundo y largo estancamiento de este proceso. Indudablemente, el caso de nuestro familiar es el reflejo de lo difícil que es para las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos obtener justicia en Colombia, no solo por los riesgos personales que conlleva exigir  verdad en casos  como éste, donde hay en juego poderosos intereses económicos y políticos, sino por el lento y displicente actuar de las autoridades que deben brindar efectiva protección a las víctimas

¡Ya basta de tanta dilación¡.  Como ciudadanos pacíficos y respetuosos de la Constitución Política, reclamamos una pronta justicia que nos conduzca a conocer la verdad y recuperar la confianza en las instituciones de nuestro país.

 

 

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