Entrevistas

Piden aplicar severamente las normas anticorrupción

hernandez andres
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Se deben aplicar las normas contra la corrupción con más severidad, de esta manera lo manifestó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Para el director de Transparencia por Colombia, el país está sumido en corrupción,  acoto que los ciudadanos deben tomar conciencia contra de  este fenómeno que desangra las arcas del Estado y cercena programas sociales.

¿Cuál es el índice de soborno en Colombia?

No existe un índice de soborno que nos permita, existe muchas formas de poder identificar como está afectando el soborno, pero no existe un índice como tal, en transparencia internacional lo que hemos visto a través de datos que hemos logrado recopilar en América Latina es que hay una fuerte incidencia todavía de soborno en el acceso a servicios públicos en particular en Colombia, pues temas relacionados con servicio de Salud, de Educación, de acceso a la justicia y eso hace que no solamente hablemos en Colombia de un problema de soborno a nivel de altas esferas, sino también que en el día a día la gente tiene que acudir a este mecanismo para poder recibir servicios óptimos.

¿Cómo bajar desde las entidades estatales ese fenómeno del soborno?

Hay varias acciones la primera tiene que ver con mecanismos y acciones de prevención y en Colombia tenemos mucha experiencia del estatuto anticorrupción, todas las entidades públicas deben elaborar un plan anticorrupción que ayuden a identificar en donde hay un mayor riesgo que la corrupción, o el soborno u otras formas de corrupción se den  y poder generar medidas para prevenirlas, pero también es muy importante la acción relacionada con la sanción de corrupción, que no necesariamente requiere de unos procesos judiciales amplios que por supuesto en los casos grandes de corrupción hay que acudir a ellos, pero hay mecanismos en la constitución, como por ejemplo el control interno, o mecanismos como las sanciones disciplinarias que contribuyen en gran medida a actos de corrupción que puedan ser investigados con una sanción efectiva y además de lo que venga en términos de consecuencias penales.

¿El llamado suyo es que se sancione severamente por corrupción?

Sin duda, inclusive en Colombia todavía vemos que no solamente grandes actos de corrupción, sino muchos procesos que no cuentan con tanta visibilidad esta sufriendo por un lado de largos procesos de investigación, demoras, dilaciones en muchos casos arbitrarias o injustificadas para evitar sanciones efectivas, luego vemos por otro lado un déficit importante en materia de denuncia, debido a que no hay garantías suficientes para proteger a los denunciantes por corrupción, todo esto en un contexto de necesidad de un mayor cuidado de lo público, un mayor seguimiento ciudadano a las acciones del gobernante, y el mismo sistema judicial se ha visto afectado.

¿Cómo puede verse afectado el índice de transparencia con la liberación de los implicados en el carrusel de contratos en Bogotá?

Ese tipo de situaciones son difíciles de recoger en perspectiva técnica, en gran medida ese tipo de situaciones, tiene repercusiones en materia de percepción y por otro lado una repercusión en reparación efectiva de recursos, esas dos consecuencias lo que hacen es generar más frustración, más falta de credibilidad frente a las instituciones, y en buena medida funciona como un incentivo perverso a la corrupción.

Mientras el Gobierno dice que el paquete legislativo anticorrupción va bien, a las impulsoras de la consulta del año pasado les parece que no es así. ¿Cuál es su percepción?

Más que percepción son unos resultados concretos que hay en este momento, y pues no hay ningún proyecto, una ley nueva derivada de la consulta anticorrupción, muy pocos proyectos fueron realmente discutidos en el Congreso, y aquellos que lograron una discusión terminaron hundidos, en ese sentido consideramos que el Congreso le ha fallado a la ciudadanía en  lograr realmente una discusión a fondo de unas medidas legislativas en la medidas de la lucha anti corrupción y esperamos que arrancando este semestre pueda ver una revisión de fondo de esas iniciativas por parte del gobierno y los autores que las han impulsado.

A pesar de la alta votación de la consulta anticorrupción, ¿persiste una cultura proclive a las conductas poco transparente?

Creo que la alta votación de consulta anticorrupción es una señal del rechazo masivo ciudadano a las formas de corrupción sobre todos aquellos que estamos viendo en ámbitos públicos y estatales, ahora la corrupción no se limita solamente a la gestión del Estado, a la gestión de los recursos públicos, y en ese sentido los ciudadanos tenemos un rol que jugar en materia de la lucha contra la corrupción, y ahí es donde también el cuestionamiento respecto a qué tanto estamos utilizando formas irregulares de resolver situaciones problemáticas, sigue siendo un patrón común, y ahí consideramos que en el 2019 esa votación fuerte que hubo, pueda verse también en el marco de las elecciones regionales, de elegir funcionarios que administren bien los recursos públicos.

Todavía se discute sobre la pertinencia de seguir legislando en la materia. ¿Qué análisis tiene al respecto?

Por supuesto que es importante seguir legislando el problema en materia de normatividad en Colombia es que por un lado es que hay normas que son buenas y que dan herramientas para avanzar en la lucha contra la corrupción, pero no son suficientes, y en ese sentido con la normatividad que tenemos está avanzando  mucho más lenta que la corrupción en el país, y cuando vamos a cerrar el vacío en ciertas normas la capacidad del Estado será reducida y esto pone en riesgo los recursos público, si hay que legislar pero con prioridad y con una buena discusión pública, técnica, solidad para que realmente se cuenten con normas efectivas.

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