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Sin la verdad no habrá transición ni paz completa

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Por Mónica Cifuentes

* Procuradora delegada ante la JEP

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, quien fue llamado de múltiples maneras en épocas de guerra, pero al que la historia del conflicto conocerá como ‘El Paisa’, fue uno de los comandantes de las extintas Farc-Ep más reconocidos por sus métodos de guerra.

Terminó por comandar la temible columna móvil ‘Teófilo Forero’, de dolorosa e ingrata recordación por hechos como la bomba en el Club El Nogal, los secuestros masivos y muchos otros eventos del conflicto, sobre cuya verdad plena aún aguarda un relato completo y detallado la sociedad colombiana.

Desde el inicio de las negociaciones con el Gobierno Nacional en La Habana, parecía escéptico y se dudaba de su receptividad frente al proceso. Sin embargo, los equipos negociadores de ambas delegaciones, Gobierno y Farc, lograron que se sentara a la mesa, firmara el acuerdo de paz y se comprometiera con el mismo.

‘El Paisa’ entregaría su uniforme, sus armas y sus botas de guerra, se sumaría a los más de 13 mil guerrilleros que iniciaron su proceso de reincorporación, y emprendería su nueva vida en Miravalle (Caquetá), una de las zonas en las que sus armas más amedrentaron a la población civil.

Acostumbrado a vivir de la guerra y en las selvas colombianas, ahora lideraba en Miravalle varios de los proyectos productivos más prometedores en los espacios en los cuales fueron ubicados los antiguos miembros de las Farc. Así, la antigua y temida columna Móvil ‘Teófilo Forero’ se convirtió en una asociación de agricultores con una fuente de acuaponía -sistema de producción que combina la acuicultura con la hidroponía-, y de energía renovable.

El escenario era ciertamente esperanzador. La reincorporación podía ser una realidad, y había llegado el momento que las víctimas y la sociedad colombiana esperaban: la verdad sobre las afectaciones del conflicto. Pero cuando llegó la hora de dar el paso decisivo y la JEP comenzó a requerirlo para que compareciera, ‘El Paisa’ no llegó.

La Sala de Reconocimiento de Verdad lo citó para que recibiera y estudiara los informes de la Fiscalía en los casos de secuestros, lo requirió para que presentara un informe sobre el cumplimiento de sus compromisos y para que relatara la verdad de lo que conocía sobre las retenciones ilegales de las Farc (caso 001), pero nunca apareció.

Ante este escenario, la Sala decidió abrir un incidente de incumplimiento para verificar el estado de sus obligaciones con el Sistema y con las víctimas, pero al buscarlo en el Espacio de Reincorporación donde estuvo desarrollando los proyectos productivos, ya no se encontraba. Se había ido y no se sabe para dónde, sin previo aviso y sin decir si solo estaba abandonando el espacio o se alejaba del proceso de paz.

El incidente continuó y al estudiar las pruebas nadie sabía cuál era su paradero, no se tenía información y la incertidumbre sobre su permanencia en el proceso de paz cada día tomaba más fuerza. El abogado del compareciente, asignado por el sistema de defensa de la JEP, al no asistir uno de confianza, presentó excusas por la no comparecencia de ‘El Paisa’ bajo los argumentos de que había amenazas contra su vida, que el Gobierno le había incumplido y que tampoco tenía seguridad jurídica para comparecer.

Ante esas observaciones, la Procuraduría manifestó que una supuesta falta de seguridad personal o jurídica no podía ser una excusa para incumplirle a las víctimas, a los excombatientes y al país en general; que existen múltiples mecanismos para resguardar su integridad personal; que la JEP funciona con plenas garantías jurídicas para los comparecientes; que ausentarse del proceso sin previo aviso, no acudir a los llamados para dar verdad e incumplir su responsabilidad con los hombres y mujeres en proceso de reincorporación a la sociedad, violan el principio de centralidad de las víctimas en este sistema de justicia transicional.

Para la Procuraduría, el reconocimiento de verdad y responsabilidad implica darle la cara a las víctimas, un paso inherente a la naturaleza del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Pero a su vez, es el requisito para que se puedan otorgar las sanciones propias del Sistema Integral de Justicia, por lo que todos aquellos que no comparezcan deben perder los beneficios contemplados, entre ellos la libertad, según los tratamientos especiales acordados en La Habana. Este debe ser el destino ineludible para los que no concurran ante los llamados del sistema integral y de su componente de justicia, que es la JEP.

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