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Síndrome de Estocolmo en el Congreso

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Por: John Harold Suárez

Senador de la República

 

Fue el 23 de agosto de 1973, cuando el criminólogo y psiquiatra Nils Bejerot acuñó el término de “Síndrome de Estocolmo” a los acontecimientos sucedidos a las víctimas de un atraco de banco en la ciudad de Estocolmo, Suecia, las cuales durante los seis días que estuvieron como rehenes, adoptaron un comportamiento benévolo y compasivo ante sus secuestradores

Sin que los sucesos provocaran la pérdida de vidas humanas, si generó el estudio psicológico debido al sorpresivo comportamiento sobreprotector de quienes fueran por poco sus posibles asesinos.

 

Para los años 90 en Colombia, vivimos un caso similar con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Fue en la entrega a la justicia de Escobar, quien con su influencia en el pueblo, quien lo veía como un Robbin Hood, y en el Estado al que doblego con los mal recordados atentados terroristas, que logro no sólo convertirse en Congresista de la Republica sino en el principal determinador de la eliminación de la extradición en la Constitución de 1991, poniendo de rodillas al Establecimiento y la justicia imponiendo las condiciones de rendición: una cárcel a su medida, con las exclusividades que demandaba y en la ciudad que había escogido y su no extradición a los Estados Unidos de America. El resultado de tanta complacencia fue la rendición de la Institucionalidad frente al verdugo.

 

20 años después, y cuando pensábamos que en Colombia se había aprendido la lección, el síndrome surge pero no en cabeza de Escobar Gaviria sino de las FARC, logrando esta vez un efecto de anestesia en un sector del Congreso de la República; y es que el trámite a las objeciones presentadas a la Justicia Especial para la Paz, por parte del presidente Iván Duque, así lo demuestra. Solo basta ver la contundencia y vehemencia con la que varios congresistas defienden en su integralidad y sin reparo alguno a lo acordado en la Habana a espaldas del pueblo y la JEP, un tribunal que desde su concepción se diseñó para permitir la impunidad, la ilegalidad y cuyo cimiento no es la reparación a las víctimas de delitos de lesa humanidad, sino una pseudo justicia diseñada a la medida y antojo de los victimarios.

 

Pero esto no es de extrañar, si desde la creación de tal modelo de justicia, allá en La Habana, fueron personas extranjeras como el político español, de claro sesgos ideológicos de izquierda, Enrique Santiago del Partido Socialista de España, quien no vivió, ni conoció de cerca los hechos de violencia del país, quien junto a otros asesores de las Farc, impusieron al Estado las condiciones exclusivas para el sometimiento de las Farc, solo que aquí el sometido fue el Estado y no dicho grupo insurgente.

 

Entonces hoy como fruto, tenemos un sector del Congreso rendido ante las Farc, los cuales buscan consolidar un estado paralelo, ya demostrado con lo logrado en el sistema legislativo, pues ya tienen sus 10 curules a dedo, personería jurídica de su “partido político”, se tomaron la rama judicial con la JEP y para las próximas elecciones sin duda trataran de conquistar el ejecutivo, con la pretensión de llegar a diferentes alcaldías y gobernaciones.

 

 

Aquí están tratando de introducir al pueblo colombiano en un síndrome de Estocolmo colectivo, y quieren hacer ver como un favor por parte de las Farc el que dejen de asesinar, secuestrar, violar, extorsionar y demás, permitiendo que la impunidad, la no reparación a las víctimas y el goce de prebendas jurídicas, políticas y económicas sean la moneda de pago a las Farc por tanto sufrimiento que infligieron al pueblo.

 

Con todo esto se abre una puerta para que en los próximos años, la discusión de “paz” se dé con clanes como los del Golfo, Sinaloa, las Bacrim, y hasta violadores de menores como Garavito, todos anunciando una “verdad” para ganar prebendas como la no extradición de que trata una de las objeciones propuestas por el Presidente Duque.

 

Los 10 millones 300 mil colombianos que votamos por el presidente Iván Duque, le manifestamos desde su campaña la necesidad de modificar esos acuerdos de Paz, que no haya más impunidad, y que no se quede el mensaje de que delinquir y cometer delitos atroces paga, y que en la mente del delincuente solo este el esperar indultos, amnistías o acuerdos, sin un mínimo de justicia para las víctimas.

 

Sí queremos una verdadera paz, tenemos que apostarle a los procesos sociales. Claro ejemplo de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo de este nuevo gobierno. Proyecto de 1.096 billones de pesos, del cual el 50% se garantiza una verdadera inversión social, con lo que podemos decir que esto sí es paz, esto sí es invertir en las nuevas generaciones promoviendo mayores oportunidades. Todavía estamos a tiempo y aún la justicia puede recuperar su rumbo.

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