Nota Política

¿BLINDAMOS EL ACUERDO O LA CONSTITUCIÓN?

Es pregunta que debe responder el Gobierno porque se están comprometiendo valores y principios que son inviolables.

Antes de que se iniciaran las conversaciones de La Habana, las farc comunicaron a la Cruz Roja la que llamaron determinación suya: los Acuerdos que suscribieran tendrían el carácter de Acuerdos Especiales, podrían ir “más allá de lo humanitario” y se agregarían “a la Constitución como si se tratara de artículos adicionales, con la misma jerarquía y valor”.

 

Su nueva posición contrastaba con la que tuvieron en 2001 cuando celebraron, con la firma entre otros, de Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada y Andrés París, Acuerdos Especiales que limitaron su contenido a temas estrictamente humanitarios – intercambio de soldados y policías en poder suyo por guerrilleros presos y prohibición de las “pescas milagrosas” – y para los que no pidieron que hicieran parte del ordenamiento jurídico superior.

 

Por razones que nadie o muy pocos conocen, los negociadores del gobierno y el congreso incorporaron al Acuerdo Final (AF) y al acto legislativo 1 de 2016 la exigente petición de las farc. Expresamente dispusieron que el “AF constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Acuerdos de Ginebra… ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta como parámetro de interpretación y referente de validez de las normas y leyes que implementen” lo pactado.

 

Este doble blindaje jurídico – el AF es Acuerdo Especial y hace parte de la Constitución – requería, como lo dispusieron igualmente los autores de la norma anterior, de refrendación popular que debía producirse en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

 

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, no impartió esa ratificación democrática, que, también esperaban, produciría importante efecto jurídico: legalizaría su audaz creación. La ciudadanía en efecto, no refrendó, ni aprobó, ni apoyó el texto sometido a su consideración. Tampoco ordenó que rigiese el acto legislativo 1 de 2016.

 

El AF siguió siendo, entonces, documento político, que puede y debe implementarse mediante la expedición de las leyes y reformas constitucionales que exija el cumplimiento de sus apartes que demanden esa formalidad.

 

Tan pronto como se conoció el veredicto popular, las farc, que habían guardado silencio sobre el tema, porque confiaban en la urna plebiscitaria, reaccionaron recordando su posición anterior. “El AF ha sido firmado como Acuerdo Especial” y su depósito ante el Consejo de la Confederación Suiza “le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico” (Rodrigo Jaramillo, a Timochenko), lo cual lo hace inmodificable. El Acuerdo sobre justicia transicional, por las mismas razones, también es inmodificable, agregó el comandante Pastor Alape.

 

El AF es la plataforma política y programática del partido que crearán las farc. Por eso buscan reclamar la coautoría o autoría principal de textos que hagan parte de la Constitución, que todos debemos acatar y cumplir.

 

Los partidos deben tener plataforma y programas que orienten su actividad política y gubernamental, pero no es válido que uno de ellos consiga que su plataforma y programa sean norma jurídica que obligue a los demás partidos.

 

El Gobierno no puede guardar silencio ante la pretensión de las farc que “tiene enormes implicaciones” (De la Calle) políticas y jurídicas. Debe decirle a la Nación si la comparte o no. Según el Presidente Santos, en el plebiscito el pueblo diría la última palabra. Lo hizo. Su terminante mandato obliga y se cumple tomando decisión que vaya más allá de los ajustes y precisiones anunciados.

 

Conviene a todos saber si las 297 páginas del AF recibirán tratamiento comparable al que se otorga a los tratados internacionales y serán incorporadas automáticamente al bloque de constitucionalidad. Los negociadores de La Habana hicieron, acaso, las veces de asamblea constituyente?

 

Si el AF hace parte de la Constitución y tiene, por ello, la fuerza jurídica propia de nuestro ordenamiento superior, y sus cláusulas y disposiciones obligan a gobernantes y gobernados, qué valor y alcance tienen las conversaciones que ahora se adelantan para su renegociación?

 

Si como dicen las farc, el AF es inmodificable porque es texto jurídico casi que supraconstitucional, no se crea límite y barrera infranqueable a esas conversaciones?

 

Concesión igual o mayor a la que obtendrían las farc, no deben hacerse al eln y las demás organizaciones que participen en procesos comparables al actual?

 

El Gobierno debe decidir si blindamos el AF, en su versión actual o la que incorpore los cambios que se le hagan, o blindamos nuestra norma de normas, lo cual no quiere decir que no se le puedan y deban introducir las reformas que requiera la implementación normativa del AF.

El proceso en curso y cualquier otro de naturaleza similar deben fortalecer el Estado de derecho y su institucionalidad democrática. Así conviene también a los nuevos actores políticos, porque el respeto a sus principios y normas garantiza que la participación ciudadana en la vida pública se cumpla sin limitación alguna a las libertades y derechos que a todos corresponden.

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