LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL DECRETO 417 DE 2020,

p cc (2)

Norma objeto de revisión constitucional
Dado que el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 consta de 16 páginas, no se
procederá a su transcripción y en cambio se presentará una síntesis de los contenidos
resolutivos.

El decreto declaratorio firmado por el Presidente de la República y los ministros del
gabinete, el cual declara el estado de emergencia económica, social y ecológica
(EESE) en todo el territorio nacional declaró el estado de emergencia por 30 días;
aludió al ejercicio de las facultades para conjurar la crisis; y señaló que adoptará las
medidas adicionales necesarias para esos efectos, incluidas las operaciones
presupuestales; y determinó la vigencia del Decreto.
2. Síntesis de la providencia
La ponencia aprobada acogió el sistema de estudio que la Corte ha utilizado para el
examen de constitucionalidad de los decretos declaratorios del EESE en ocasiones
anteriores.
En el presente asunto fueron ordenadas y recepcionadas las pruebas decretadas1
, y
cumplido el proceso de intervención ciudadana y del concepto del Procurador2
, la
Corte reiterando su línea jurisprudencial tratándose del estado de emergencia
procedió a efectuar un escrutinio integral y estricto sobre el decreto declaratorio.
Sobre los requisitos formales la Sala Plena verificó con fundamento en el acervo
probatorio allegado que: i) se firmó por el Presidente de la República y todos los
ministros del gabinete; ii) fue motivado adecuadamente; iii) se determinó el ámbito
temporal, iv) se estableció el ámbito territorial, v) que no había necesidad de
convocar al Congreso, y vi) que se notificó a la OEA y a la ONU. Y que finalmente, el
Gobierno remitió oportunamente el Decreto 417 de 2020 para revisión por la Corte.
Para ello, inició el análisis con el presupuesto fáctico. Constató que el decreto reseña
la existencia de unos hechos (juicio de realidad) que afectan la salud pública mundial
por el surgimiento del virus denominado COVID-19, que se convirtió en una pandemia
y que arribó a Colombia generando una emergencia sanitaria, lo que obligó a tomar
medidas preventivas como el aislamiento social y el confinamiento temporal
1 Auto de pruebas: 24 de marzo (fueron ordenadas 10). Respondieron Presidencia de la República, ministerios de
Salud, Hacienda y Trabajo, Instituto Nacional de Salud y Banco de la República.
2
Intervenciones en tiempo: exequibilidad (15), exequibilidad condicionada (5), exequibilidad parcial (1),
inexequibilidad (3), sin solicitud (16). Intervenciones extemporáneas: 6. Concepto del Procurador: exequible
formal y materialmente.

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obligatorio. Esto es, pudo verificarse, generó profundas y trascendentales
afectaciones económicas y sociales, sin que el sistema de salud se encontrara
preparado para el tratamiento y contención de la pandemia, lo que obligó a arbitrar
soluciones no solo en razón de la pandemia sino de la solución de las consecuencias
que se desprenden de la misma -orden económico y social-. En torno al juicio de
identidad se constató que el origen de la situación excepcional no surgió de una
interacción política internacional ni de las tensiones sociales internas que pudieran
ocasionar un estado de guerra exterior o de conmoción interior. Respecto del juicio
de sobreviniencia se demostró que se está ante una nueva crisis global de salud
pública de origen epidemiológico y/o de procesos ambientales y de base zoonótica.
El carácter extraordinario deriva de la incertidumbre a la que está expuesto el mundo
y Colombia sobre cuál es la mejor estrategia para enfrentar el contagio, la forma de
mitigarlo y de contenerlo. La situación ocasionada por el nuevo coronavirus
sobrepasa las permanentes dificultades del sistema de salud no solo por la
imprevisibilidad e impredecibilidad, sino por la facilidad y velocidad de propagación,
los altos niveles de gravedad y la inexistencia de vacuna o tratamiento específico.
Colateralmente situaciones internacionales como la caída en el precio del petróleo y
la incertidumbre de los mercados, directa o indirectamente conectados con la
pandemia global, impactan severamente en el país, por lo cual deben ser apreciados
como hechos adicionales y circunstancias de agravación del panorama fiscal por su
presentación concurrente con la pandemia. En efecto el deterioro del mercado
financiero internacional, la menor demanda global y la caída en las perspectivas de
crecimiento mundial, producto del temor por la expansión del nuevo coronavirus,
repercute de manera necesaria en la economía del país. Así mismo, la situación
generada por el coronavirus sobrepasa las dificultades ordinarias del sistema de salud
dada la magnitud de los hechos y el crecimiento exponencial.
Seguidamente, la Corte abordó el presupuesto valorativo que alude a la gravedad e
inminencia que esos hechos comportan y que justifican la declaratoria del estado de
emergencia económica y social por grave calamidad sanitaria, lo que demanda
adoptar medidas urgentes para conjurar la crisis.
El gobierno advirtió la evidente la necesidad de ingentes recursos económicos tanto
para el sistema de salud como para la implementación de las acciones necesarias
para restringir el contacto de los habitantes; asimismo, aludió al impacto sobre la
salud, los mercados nacionales e internacionales, la oferta y la demanda, el empleo
en actividades, entre otros, de los comerciantes y empresarios que ven alterados sus
ingresos y compromisos, el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el
bienestar de los habitantes, que torna indispensable la adopción de medidas
extraordinarias para enfrentarla y para evitar agravar la situación sanitaria y los
efectos económicos.
La Corporación pudo establecer que lejos de haber incurrido el gobierno en una
valoración arbitraria o en un error manifiesto de apreciación, ejerció apropiadamente
sus facultades constitucionales dentro del margen razonable de análisis, para lo cual
tuvo en cuenta: i) la grave situación de calamidad pública sanitaria, ii) su crecimiento
exponencial, iii) los altos índices de mortalidad, iv) los efectos perjudiciales sobre el
orden económico y social, que involucran afectaciones y amenazas intensas sobre
los derechos constitucionales de los habitantes del país, y graves repercusiones sobre
las finanzas del Estado.
Finalmente, analizó si las atribuciones ordinarias del Gobierno eran suficientes para
conjurar los hechos que han justificado la declaratoria de la emergencia, esto es, se
trata de constatar la suficiencia de las competencias gubernamentales ordinarias con
las que cuentan las autoridades estatales para conjurar la crisis evidenciada.

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La Corte encontró que era necesario adoptar medidas extraordinarias para conjurar
los efectos de la crisis, en particular apoyar el sector salud y mitigar los efectos
económicos que enfrenta el país. La adopción de medidas legislativas busca mejorar
la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del COVID-19.
La Corte resaltó que en el pasado el control constitucional tanto del decreto
declaratorio como de los decretos legislativos que lo concretan ha sido riguroso y
estricto. Y advirtió que en este caso no lo será menos, sin embargo, adveró la
necesidad de flexibilizar algunos de los estándares, ponderando entre la necesidad
de esa estrictez en el control, pero también en la visualización de las amplias
potestades que posee el gobierno para la mitigación y contención de la crisis; todo
ello dentro de un justo equilibrio. Tales razones se hacen evidentes atendiendo los
hechos que motivaron la declaratoria del estado de emergencia que se estudia, la
cual se ofrece absolutamente nueva y extraordinaria, y de la que no se tiene noticia
por lo menos en lo que va corrido de la vigencia de la Carta Política de 1991.
En tal sentido, la Corte advirtió que será rigorosa en el uso de los juicios con los cuales
se enfrenta el control constitucional de todos y cada uno de los decretos legislativos,
analizando con rigor la conexidad entre las medidas y las razones que justificaron en
su día la declaratoria de la emergencia. Al respecto se mostró cómo el Gobierno
anunció veintiuna medidas que abarcan diversos sectores económicos, sociales y
sanitarios.
3. Decisión
Así las cosas, la Corte declaró la exequibilidad del Decreto 417 del 17 de marzo de
2020, “por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio nacional”.
Sobre la decisión de exequibilidad no se presentaron salvamentos de voto, por lo que
la decisión fue unánime.
4. Salvamentos parciales y aclaraciones de voto
Se presentó salvamento parcial de voto por los magistrados JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS y ALBERTO ROJAS RÍOS sobre: i) el control político a cargo del Congreso para la
salvaguarda del equilibrio de poderes y el principio democrático, y ii) la necesidad de
avocar el control automático de los Decretos Ejecutivos por su materialidad de ley,
para evitar la elusión constitucional.
Los Magistrados anunciados a pesar de compartir la exequibilidad del decreto
declaratorio de la EESE, estimaron absolutamente indispensable que la Corte hubiera
hecho énfasis en:
1) Realizar un llamado a prevención con un enfoque solidario, de derechos humanos
y de cooperación internacional. Era menester enfatizar en la protección central a la
salud, además del trabajo, la educación, la subsistencia, entre otros. El Estado debe
hacer los mayores esfuerzos financieros para combatir la pandemia, tomar medidas
especiales a favor de poblaciones vulnerables y que las políticas partan de un
enfoque diferencial; así mismo, desarrollar hasta donde fuere posible la lucha contra
el COVID-19 con base en la mejor evidencia científica disponible, mantener la
interdependencia de los derechos humanos, tener en cuenta los principios de
igualdad y no discriminación, y observar la transparencia y la información.
2) Asimismo, estimaron que, aunque son factibles y legitimas las restricciones a los
derechos y que determinadas medidas de excepción son necesarias y proporcionales
prima facie, el Estado no puede abusar de los poderes de emergencia por lo que
habría de preservarse el equilibrio entre las ramas, a saber, la independencia judicial,

Comunicado No. 21. Corte Constitucional. Mayo 27 y 28 de 2020 4
el control político por el Congreso y el ejercicio de sus atribuciones durante la
emergencia, y el pluralismo ideológico. De este modo, si bien frente a amenazas al
orden público que exigen procedimientos céleres, nítidos y operativos, el sistema
democrático puede requerir reducir su magnitud, no puede perderse de vista la
esencia que lo caracteriza, por lo que sería indispensable estar vigilante para que se
atienda a una real e imperiosa necesidad, que sea temporal o transitoria, y responda
a contenidos básicos constitucionales. Aunque la legislación extraordinaria es
necesaria ante determinadas circunstancias que exigen legislar de urgencia, la
emergencia no constituye un aval ciego y menos una excepción a los controles inter
orgánicos. De ahí la importancia de reafirmar un control judicial estricto dado el
carácter reglado de las potestades gubernamentales y la garantía del disfrute
efectivo de los derechos y libertades. Evitar la intemporalidad de los poderes
excepcionales se impone por el control jurídico riguroso a cargo de este Tribunal que
evite la auto habilitación inmotivada y perenne para seguir legislando con afectación
del principio democrático.
3) A su vez, era importante destacar la relevancia del funcionamiento y operatividad
del Congreso en los estados de excepción, al corresponder el control político como
modalidad inter-órganos, cuyo propósito es alcanzar el equilibrio entre los poderes y
fungir como herramienta de legitimidad de las medidas adoptadas durante la
excepcionalidad. Ello se hace más evidente en regímenes fuertemente
presidencialistas donde la oposición pueda ser inferior a las bancadas que
acompañan al Gobierno. Cuando la excepcionalidad dificulta la reunión del
Congreso en su sede, tanto el ejecutivo como el legislativo deben trabajar
mancomunadamente para que el control político se cumpla cuanto antes y de
manera eficaz. Por ello destacaron quienes salvaron parcialmente el voto, que es
imperioso ACTIVAR el estatuto de la oposición, para que quienes no hacen parte del
gobierno, también usen el espectro electromagnético comunicándose con los
ciudadanos respecto de la forma cómo el gobierno está enfrentando la crisis.
4) Era entonces imperioso advertir la necesidad de asumir el conocimiento de los
decretos de aislamiento preventivo obligatorio como expresión del equilibrio entre los
poderes y el derecho a la tutela judicial efectiva. Pudo verificarse que los decretos
expedidos tienen contenido material de ley, fueron expedidos para enfrentar las
causas de la emergencia y firmados por el ejecutivo y sus ministros. Adicionalmente,
no se examinaba la validez de la medida de aislamiento adoptada, sino la posibilidad
de que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para la defensa de sus
libertades, que como en esta oportunidad han eludido el sistema de controles previsto
en el Estatuto Fundamental que se hace forzosa la intervención del Tribunal
Constitucional.
No obstante que la Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER compartió la declaración
de exequibilidad del Decreto 417 de 2020, aclaró su voto en relación con algunos de
los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia,
El Magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO se reservó la presentación de una
aclaración de voto en relación con la intensidad del juicio de constitucionalidad que
le corresponde a la Corte respecto de una emergencia con las características
particulares de la causada por la pandemia de Covid19.
LA CORTE REAFIRMÓ LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA DOBLE CONFORMIDAD DE LAS
SENTENCIAS PENALES, EL CUAL SE CONCRETA EN EL DERECHO A IMPUGNAR LOS FALLOS CONDENATORIOS
AUN CUANDO SE HAYAN PROFERIDO EN ÚNICA INSTANCIA, ACORDE CON EL DEBIDO PROCESO Y EL BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

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II. EXPEDIENTE T-7.567.662 – SENTENCIA SU-146/20 (mayo 21)
M.P. Diana Fajardo Rivera

1. Antecedentes relevantes
Hechos
1.1. Mediante la sentencia del 16 de julio de 2014 la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia condenó al ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva a las
penas principales de 209 meses y 8 días de prisión, multa equivalente a 50.000
s.m.l.m.v. e interdicción de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal,
y además, a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas conforme a la
Constitución Política, por la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros.
1.2. En tres oportunidades, luego de su condena, el accionante solicitó a la Sala de
Casación Penal el reconocimiento del derecho a la impugnación, el cual fue
rechazado por improcedente. La última de tales peticiones se presentó el 10 de
diciembre de 2018 y se resolvió a través del Auto del 13 de febrero de 2019, el cual es
objeto de la presente acción.
1.3 En dicha petición, el actor invocó la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2018 y
pidió la protección del derecho a impugnar previsto en los artículos 8.2.h. y 9 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 y 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, resaltando que el Dictamen del Comité del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 27 de julio de 2018, concluyó que en
su caso se lesionó el artículo 14.5 del citado instrumento Internacional.
1.4. La Sala de Casación Penal declaró la improcedencia del recurso porque, en
síntesis, consideró que (i) el Acto Legislativo 01 de 2018 no incluyó una cláusula de
aplicación retroactiva, (ii) al emitirse la sentencia condenatoria el 16 de julio de 2014,
la Sala se sometió al régimen constitucional y legal vigente, y que, (iii) con
independencia del carácter vinculante del Dictamen, no era competente para
promover su cumplimiento, dado que para ello se requería una reforma
constitucional.
Solicitud de tutela
1.5 El señor Andrés Felipe Arias Leiva consideró que la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, al expedir el Auto del 13 de febrero de 2019, incurrió,
entre otros defectos, en violación directa de la Constitución, por desconocer el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria, y los principios de buena fe, confianza legítima y
favorabilidad. Por lo anterior, interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación
Penal, solicitando el reconocimiento de su derecho a la impugnación y la suspensión
del trámite de extradición en su contra, el cual se estaba adelantando para dicho
momento.

Trámite de la acción de tutela
1.6 Las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera
instancia y en impugnación, respectivamente, negaron el amparo constitucional
invocado. Posteriormente, en la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve del 2019,
la Corte Constitucional seleccionó el presente asunto para revisión.

Comunicado No. 21. Corte Constitucional. Mayo 27 y 28 de 2020 6

2. Decisión

Primero. LEVANTAR la suspensión de términos en el asunto de la referencia.
Segundo. REVOCAR las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, en
primera instancia, por la Sala de Casación Civil el 23 de abril de 2019 y, en sede de
impugnación, por la Sala de Casación Laboral el 30 de julio de 2019, y, en su lugar
CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano
Andrés Felipe Arias Leiva.
Tercero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 13 de febrero de 2019, proferido por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria penal proferida el 16 de julio de 2014
en contra del ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.
Cuarto. ORDENAR a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un
término de 10 días, dar aplicación a lo preceptuado en los numerales 2 y 7 del artículo
235 de la Constitución, a cuyo tenor le corresponde iniciar el trámite para resolver la
solicitud de impugnación de la condena en única instancia proferida en contra del
ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.
Este reconocimiento no altera el carácter de cosa juzgada que pesa sobre la
sentencia condenatoria y, en consecuencia, no permite considerar la prescripción de
la acción penal, ni ningún otro efecto derivado del transcurso del tiempo, y tampoco
impacta la actual situación de privación de la libertad del tutelante.
Quinto. DECLARAR que existe carencia actual de objeto para resolver sobre la petición
original de la acción de tutela, relacionada con la suspensión de la solicitud de
extradición, dado que este trámite se llevó a término.
Sexto. REITERAR el exhorto que esta Corporación ha efectuado en varias
oportunidades al Congreso de la República para regular de manera integral, precisa
y definitiva el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho a impugnar la
sentencia condenatoria en materia penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 29
y 235, numerales 2, 6 y 7 de la Constitución.
Séptimo. EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno nacional a que,
con participación de la Corte Suprema de Justicia y en el marco del principio de
colaboración armónica, dispongan lo necesario para adelantar el diagnóstico y
proveer los recursos necesarios para garantizar la buena marcha de la administración
de justicia, en particular, que impacta la concesión del derecho a la impugnación de
sentencias condenatorias, en concordancia con lo resuelto en las sentencias SU-217
y SU-373 de 2019.
3. Síntesis de la providencia
3.1. La Sala Plena determinó que la acción de tutela presentada por el ciudadano
Andrés Felipe Arias Leiva contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia satisfizo los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
3.2. A continuación delimitó su análisis al siguiente problema jurídico: ¿La decisión de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero de 2019,
que rechazó por improcedente la impugnación propuesta por el tutelante contra la
sentencia condenatoria proferida en su contra, en única instancia, el 16 de julio de
2014 como aforado constitucional, incurrió en violación directa de la Constitución por
desconocer su derecho al debido proceso, en particular, la garantía a impugnar la
sentencia condenatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de la
Constitución Política, 14.5. y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Comunicado No. 21. Corte Constitucional. Mayo 27 y 28 de 2020 7
y 8.2.h. y 9 de la Convención Americana sobre derechos humanos? La respuesta a
dicha indagación fue afirmativa.
3.3. En tal dirección, la Sala estimó que el asunto sometido a su consideración debía
resolverse teniendo en cuenta la evolución del alcance constitucional del derecho a
la impugnación de la sentencia condenatoria en el Ordenamiento Jurídico
colombiano y en el escenario jurídico internacional vinculante para el Estado, a partir
de la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha construido al respecto.
3.4. En esta evolución se tomó en cuenta que el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria es una garantía prevista en el artículo 29 de la Constitución de 1991,
que se entendió satisfecha por varios años con la posibilidad de interponer acciones
tales como la de revisión o de tutela. Sin embargo, el alcance del mecanismo para
hacer efectiva la garantía fue el elemento que en concreto sufrió modificación
progresiva en su comprensión, dado que desde la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, concordante con el Comité del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, se decantó que debía ser amplio e integral, sin sometimiento a
causales estrictas de procedencia, e incluso en aquellos casos fallados en única
instancia por los máximos tribunales en materia penal de los estados. Esto, por
supuesto, implicó para el Sistema Jurídico colombiano la necesidad de ordenar el
diseño de un mecanismo que cumpliera con tal estándar, configuración que fue
objeto del exhorto realizado por la Corte Constitucional al Congreso de la República
en la Sentencia C-792 de 2014, reiterado en otras oportunidades.
3.5. Para la Sala el estudio del derecho a impugnar la sentencia condenatoria con el
referido enfoque, esto es, de consolidación progresiva, tuvo en cuenta también la
protección de todos los derechos fundamentales y principios constitucionales
relevantes, como el principio de cosa juzgada y los derechos de las víctimas de los
delitos juzgados. Y, además, partió de la afirmación según la cual la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia al fallar la condena contra el actor, el 16 de
julio de 2014, atendió de manera estricta al ordenamiento constitucional y legal
explícitamente vigente, por lo cual, la presunción de acierto y fuerza vinculante de tal
providencia no se cuestionó. A esto último se agregó que, en el marco de las
competencias de la Corte Constitucional, en este pronunciamiento no debía
realizarse consideración alguna sobre los aspectos normativos, fácticos y probatorios
que llevaron a la Sala de Casación Penal a proferir su decisión el 16 de julio de 2014.
3.6. En el anterior contexto, la Sala Plena concluyó que la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema incurrió en violación directa de la Constitución al proferir el Auto del
13 de febrero de 2019, en el que declaró improcedente la impugnación invocada
contra la sentencia del 16 de julio de 2014, porque:
3.7. No valoró que antes de la sentencia condenatoria contra el ciudadano Andrés
Felipe Arias Leiva se había configurado un estándar de protección del derecho
invocado en el Sistema Regional de Derechos Humanos, en términos idénticos al que
se invocó por el tutelante.
3.8. Ese estándar fue incorporado a nuestro Ordenamiento Jurídico constitucional a
través de la Sentencia C-792 de 2014 y del Acto Legislativo 01 de 2018, por
considerarse compatible y perfectamente armonizable con las garantías de la
Constitución Política.
3.9. El estándar recae sobre un derecho de aplicación inmediata, en virtud del artículo
85 de la Constitución, que hace parte del derecho al debido proceso penal; ámbito
en el que las garantías en democracia deben ser especialmente robustas.
3.10. Y, finalmente, tal aplicación fue reclamada por una persona que se encuentra
cumpliendo actualmente una condena penal, con fundamento en una sentencia
ejecutoriada que no ha sido revisada integralmente en garantía del derecho a la
impugnación previsto en el artículo 29 de la Constitución.
3.11. La Sala Plena estableció que el momento determinante para considerar la
viabilidad del reconocimiento del derecho a la impugnación al accionante, a través

Comunicado No. 21. Corte Constitucional. Mayo 27 y 28 de 2020 8
de un mecanismo amplio e integral, debía ser el 30 de enero de 2014, fecha en la
cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Sentencia en el caso
Liakat Ali Alibux vs. Suriname. En esa oportunidad la Corporación, como intérprete
autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que
vincula al Estado colombiano, falló un asunto en el que un aforado constitucional fue
condenado en una sentencia proferida en única instancia por la máxima
Corporación de Justicia de Surinam, afirmando que incluso en estos casos era
necesario garantizar del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria,
según lo dispuesto en el artículo 8.2.h. de ese instrumento.
3.11. Esa decisión, además, refleja las consideraciones que al respecto ya había
realizado la Observación No. 32 del 23 de agosto de 2007 del Comité del Pacto
Internacional de Derechos Humanos, y la Sentencia de la Corte Interamericana del
17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela. En tal escenario, la
mayoría de la Sala Plena precisó que la decisión contra el Estado de Surinam era
aquella que valoraba una situación más cercana a la que ahora tenía en estudio la
Corte Constitucional, por lo cual, el momento de su expedición era el relevante para
concluir que al actor le asistía el derecho reclamado.
3.12 Verificada la violación alegada en la acción de tutela, la mayoría de la Sala
Plena consideró que debía adoptar un remedio constitucional, dadas las siguientes
situaciones:
3.13. El derecho a impugnar la sentencia condenatoria es un derecho de aplicación
inmediata, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución.
3.14. La Corte Constitucional ha efectuado varios exhortos al Congreso de la
República para que regule integralmente esta materia, sin que lo haya hecho en tales
condiciones.
3.15. El Acto Legislativo 01 de 2018 constituye un margen general de configuración del
mecanismo, por lo cual, el remedio de la Corte Constitucional encuentra un sustento
inicial en dicha reforma constitucional.
3.16. Conforme a este diseño, la Corte Constitucional precisó que la autoridad
competente para resolver el mecanismo de impugnación es la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial con competencia
en la materia; advirtiendo que, en todo caso, debe garantizarse que en este caso los
jueces que decidan el mecanismo de impugnación de la sentencia condenatoria no
hayan intervenido de manera previa en el asunto.
3.17. Finalmente, la mayoría de la Sala estimó que la protección concedida debía
garantizar la amplitud e integridad de la revisión a adelantar, así como los efectos de
cosa juzgada de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014, por lo cual no
tenía efectos directos sobre la prescripción de términos o fenómenos similares
derivados del paso del tiempo, y la situación de privación de libertad del actor.
4. Salvamentos y aclaraciones de voto
Los Magistrados ALEJANDRO LINARES CANTILLO, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO, ALBERTO
ROJAS RÍOS y JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS, se apartaron de la decisión mayoritaria por
las siguientes razones: (i) el accionante fue procesado y condenado conforme a las
reglas vigentes y, por lo mismo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no
merece por esos aspectos reproche alguno; (ii) en su caso, tampoco se desconoció
la doble instancia, por cuanto para los aforados la única instancia no era
incompatible con la Constitución ni con el DIDH; (iii) señalaron que las reglas entonces
vigentes ciertamente eran deficitarias en cuanto no garantizaban la doble
conformidad reconocida en la Constitución desde 1991, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
razón por la que, al no poder impugnarla, la condena quedó en firme. Tal déficit, sin
embargo, no afecta la sentencia en sí misma, ni pone en entredicho su corrección,
pues lo que se cuestiona es la imposibilidad, entonces existente, de su revisión; (iv) el
Acto Legislativo 01 de 2018 no le era aplicable retroactivamente pues aunque se

Comunicado No. 21. Corte Constitucional. Mayo 27 y 28 de 2020 9
encontraba cumpliendo la condena, el proceso ya se encontraba concluido y la
condena en firme. No cabía entonces en su caso la favorabilidad en cuanto dicho
Acto Legislativo, que rige hacia futuro, no regula parámetros de ejecución de la
condena ni de disminución de la pena.
La base del desacuerdo radica, entonces, en que sólo el legislador, dentro de su
amplio margen de configuración del ordenamiento jurídico, tiene competencia para
decretar la aplicación retroactiva de una norma procesal penal a sentencias
ejecutoriadas, regular la prescripción y diseñar los términos y condiciones de la
impugnación y, en general, regular los efectos de la aplicación de la doble
conformidad a casos anteriores a la vigencia del AL 01 de 2018.
Por tales razones, para los Magistrados disidentes, la solución del caso no era posible
en sede de tutela por cuanto, para conceder la impugnación conforme a los
estándares constitucionales, hay que garantizar aspectos orgánicos (tribunal
superior), sustantivos (prescripción) y procedimentales (causales, oportunidad y
efectos en que se concede), propios del derecho a la doble conformidad, que sólo
el legislador puede regular.
El Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS, además de las razones anteriores, salvó el voto al
considerar que la decisión debió tener en cuenta que, si los artículos 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos3

, ingresaron al ordenamiento como normas
internacionales vinculantes, por así preverlo la Constitución Política de 1991 en su
artículo 93, debió Sala Plena emitir un amparo con efectos inter-comunis para
proteger la garantía de la doble conformidad a las demás personas que se
encuentran en similar situación a la del tutelante, tal como hizo la Corte Constitucional
en la Sentencia SU-214 de 2016, como garantía y amparo del Derecho Fundamental
a la Igualdad.
La Magistrada DIANA FAJARDO RIVERA aclaró su voto, con el objeto de precisar razones
constitucionales adicionales a las acogidas por la mayoría de la Sala, las cuales
permitían justificar y fortalecer el otorgamiento del derecho reconocido al
accionante.

El Gobierno Nacional expide normatividad sobre flexibilidad del calendario académico

ministra
El Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 660 del 13 de mayo de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en todo el territorio nacional, para lo cual, bajo las orientaciones y autorización del Ministerio de Educación Nacional, durante la emergencia sanitaria, las semanas de trabajo académico se podrán organizar en períodos diferentes a los previstos de manera previa en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994.

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Medidas urgentes para proteger la población privada de la libertad en la Cárcel de Villavicencio

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La Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 en el territorio nacional y al incremento del contagio en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio, ORDENÓ adoptar medidas dirigidas a la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

Según el Auto 157 del 6 de mayo de 2020, las medidas buscan garantizar los derechos a la Salud, la Vida y la Dignidad de la siguiente manera: 1. La actualización de la documentación de las personas privadas de la libertad. 2. La remisión de documentación a la Defensoría del Pueblo y a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. 3. La priorización de audiencias de libertad y estudio oficioso de sustitutos y subrogados penales. 4. Un plan para atención de libertades y prisiones domiciliarias concedidas 5. Seguimiento de las órdenes por parte de los órganos de control. La Personería Municipal de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo deberán realizar un seguimiento riguroso para verificar el cumplimiento de esta orden. Mediante esta serie de medidas, la Corte Constitucional fija los parámetros tendientes a descongestionar el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio. La Sala es integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Carlos Bernal Pulido y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. Primero. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC que dentro de las tres (3) semanas posteriores a la notificación de esta providencia, realice la actualización de la hoja de vida, cartilla biográfica y fólder de evidencias de todas las personas que se encuentren privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio al momento de notificarse esta decisión, de conformidad con los parámetros definidos en el fundamento 6 de esta decisión. Segundo. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- que dentro de las tres (3) semanas posteriores a la notificación de esta providencia y una vez cumplida la orden anterior, clasifique a las personas privadas de la libertad que se encuentran en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio según las siguientes categorías: (i) personas sindicadas que hayan completado más de un año privadas de la libertad, según lo dispuesto en las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016; (ii) personas sindicadas que hayan completado más de dos años privadas de la libertad, según lo dispuesto en las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016; (iii) las personas condenadas que según lo dispuesto en el inciso G del Artículo 2 del Decreto 546 de 2020 hayan cumplido el 40% de la condena, para el caso se computarán las redenciones concedidas y las que estén pendiente de estudiar por parte el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; (iv) las personas condenadas que hayan cumplido las 3/5 partes de la condena, para lo cual se computarán las redenciones concedidas y las que estén pendiente de estudiar por parte el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; y (v) personas que hayan cumplido 60 años de edad o que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y C, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del persona privada de la libertad. Realizada esta caracterización, el INPEC deberá remitir la información de las personas sindicadas a la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, en el caso de las personas condenadas, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Tercero. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que una vez recibida la documentación de que trata la orden tercera, y dentro de los tres (3) días siguientes, proceda a solicitar ante la respectiva autoridad judicial la libertad por vencimiento de términos de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, para las personas sindicadas que cumplan los requisitos previstos en las mismas. El plazo de tres (3) días podrá ampliarse por una sola vez, por el mismo término, en el caso de que el volumen de las peticiones así lo exija. El INPEC deberá hacer remisiones graduales de los documentos categorizados y actualizados según se realice la actuación. Cuarto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, diseñe y emita un plan de contingencia que permita a los jueces penales de Villavicencio y de los municipios donde haya arraigo procesal de personas recluidas en esta ciudad, priorizar las audiencias y solicitudes de libertad y sustitutos y subrogados penales. Para el efecto, podrá disponer de la creación de plazas de jueces y empleados o trasladar temporalmente personal de otros despachos o municipios circunvecinos, de conformidad con las cargas laborales y las necesidades del servicio. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio apoyará en la organización de lo pertinente para lograr la mayor eficacia posible en la protección de los derechos fundamentales de los internos de la EPMSC Villavicencio. Para verificar el cumplimiento, los juzgados de la jurisdicción penal del Departamento del Meta que estudien causas de personas privadas de la libertad en el Establecimiento de Reclusión de Villavicencio, deberán remitir, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, un informe detallado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en el que den cuenta del número de solicitudes de libertad por vencimiento de términos, imposición de medida de aseguramiento, libertad condicional, prisión domiciliaria así como el número de procesos revisados de oficio en el que se negaron sustitutos y subrogados penales. El informe deberá contener además el número de audiencias llevadas a cabo, el número de decisiones adoptadas y el sentido de las mismas. Estos informes deberán ser remitidos quincenalmente hasta que se haya superado el hacinamiento o la crisis sanitaria en el establecimiento de reclusión. Quinto. ORDENAR al Ministerio de Salud y de la Protección Social, que en coordinación con las entidades sanitarias de los entes territoriales correspondientes, adopte las acciones pertinentes para evitar que las personas que obtengan su libertad como consecuencia de las medidas adoptadas en la presente decisión, se conviertan en posible factor de contagio del COVID-19. Sexto. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo que verifiquen, en el marco de sus competencias y según su papel de liderazgo al seguimiento del ECI, el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta providencia. Para esta labor deberán apoyarse en sus delegadas regionales y en la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013. Séptimo. INVITAR a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, para que adelante la observación y verificación de las órdenes emitidas en este proveído, de manera que aporte elementos que sirvan de insumo para el cumplimiento de las funciones de los entes de control y la adopción de medidas para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad Octavo. Por las condiciones de salubridad pública tantas veces indicadas, la Secretaría General de la Corte Constitucional, NOTIFICARÁ a todas las autoridades señaladas en los resolutivos anteriores, VIA CORREO ELECTRÓNICO.

El Gobierno Nacional amplía el Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 25 de mayo

“Aquí no hay decisiones improvisadas ni que respondan a ímpetus de momento; nuestra motivación es salvar vidas”, dijo el Presidente sobre medidas por COVID-19.
Quiero compartirles a ustedes que a partir del 11 de mayo, entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la salud”, afirmó este martes el Presidente Iván Duque Márquez, durante el programa diario de televisión ‘Prevención y Acción’. Read more