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Con acuerdos todo se simplifica

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Por: Germán Vargas Lleras

Finalmente se aprobó la reforma tributaria, respetando la constitucionalidad de su trámite. El Congreso aprendió la lección de que no es posible acoger un texto en una de las cámaras sin discutir ni votar su articulado, así como tampoco pretermitir la publicidad de los proyectos.

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El Gobierno también aprendió, esperemos, que el Congreso no es un simple notario de sus afanosos caprichos y que siempre debe estar dispuesto a escuchar y a valorar los aportes que, particularmente en materia impositiva, hacen los representantes de todos los colombianos en las cámaras legislativas.

La reforma tributaria aprobada recoge todo lo bueno de la anterior y la profundiza en muchos aspectos, como fueron los importantes avances en materia de disminución de los impuestos, que como los de renta y patrimonio a las empresas les han hecho muy difícil, por no decir imposible, ser más competitivas tanto internacional como localmente.

La reforma concertada incluyó muchas iniciativas que propusimos, orientadas a reducir la tasa de tributación de los negocios y también de los ahorradores. En el caso de los negocios, algunos cálculos preliminares permiten señalar que en el año 2022, cuando la reforma regirá plenamente, de una tasa de tributación del 71 % bajaremos a una que fluctuará entre 40 y 50 %.

Esto en razón de que a partir del próximo año y el siguiente se podrá descontar del impuesto de renta el 50 % del ICA y a partir del 2022, el 100 %. La renta presuntiva se eliminará a partir del 2021, y para el próximo baja de 3,5 % vigente en el 2018 a 0,5 %. También se mantuvo la posibilidad de descontar del impuesto de la renta el 100 % del IVA pagado en la adquisición de maquinaria, equipo y demás bienes de capital.

Otras importantísimas medidas fueron aprobadas, como la unificación en el 10 % del impuesto a los dividendos, la eliminación del impuesto al consumo sobre la venta de inmuebles, el desgravamen pleno sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros y la deducibilidad plena de los impuestos distintos al patrimonio y de renta que paguen los contribuyentes. Se mantiene, por supuesto, la senda para llegar en 2022 a un impuesto de renta del 30 %, como se mantuvo también la eliminación del impuesto al patrimonio para sociedades.

Claro que esta reforma desafía a quienes no confían en la capacidad y el espíritu emprendedor de los colombianos. A ellos solo les gusta el Estado omnipresente, el Estado proveedor de todos los bienes y servicios, el Estado empleador que todo lo hace y lo dispone. Les gusta fustigar a las empresas, no creen en ellas y por eso su fórmula es gravar y gravar.

La apuesta del Gobierno no fue tan ambiciosa como lo planteamos nosotros, ya que recogió buena parte de lo aquí enunciado pero desechó temas como la eliminación del impuesto al patrimonio para las personas naturales, la de convertir el famoso 4 × 1.000 en una retención en la fuente para progresivamente ir desmontándolo y pasar muchos de los bienes que hoy están excluidos del IVA a exentos, para que las empresas que los producen puedan competir en igualdad de condiciones con los importadores.

También nos hemos opuesto a una tarifa del 39 % para las personas naturales de alto ingreso, pues en las condiciones del país es casi confiscatorio. Pero mirando las cuentas, era claro que no todo se podía hacer simultáneamente.

Aun así, yo creo que, en su conjunto, vamos por el camino correcto de tener unas tasas de tributación más competitivas a nivel regional y mundial. El balón ahora pasa a la cancha del sector privado, que deberá demostrar que con esta reforma sí está en capacidad de crecer más, de competir mejor y de generar más y mejores empleos de calidad, sobre todo para los jóvenes. De ello dependerá que podamos profundizarla en futuros ajustes.

Responsable el Gobierno, y también el Congreso, al aprobar esta ley de crecimiento económico en medio del clima de protesta que vivimos y que continuará con o sin reformas. Eso se llama gobernar.

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Con acuerdos todo se simplifica

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