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“Con el Papa quieren legitimar impunidad”

“Con la intervención de papa” Jorge Mario Bergoglio (Francisco), “con la intervención del secretario de la ONU”, Ban ki-moon, “lo que se pretende es legitimar la impunidad consagrada en la jurisdicción especial para la paz”, sostuvo hoy el procurador Alejandro Ordóñez en la Comisión Primera de la Cámara.

El jefe del Ministerio Público acudió junto a otros funcionarios a la Comisión para debatir sobre alcance, implementación y cronograma de la justicia especial para la paz.

Los representantes Clara Rojas, del Partido Liberal, y Santiago Valencia, del Centro Democrático, citaron, además de Ordóñez, a los ministros del Interior (Juan Fernando Cristo) y de Justicia (Jorge Eduardo Londoño), al jefe equipo negociador de La Habana (Humberto de la Calle) y al alto comisionado para la paz (Sergio Jaramillo), así como a los presidentes de la Corte Constitucional (María Victoria Calle), el Consejo de Estado (Danilo Alfonso Rojas) y la Corte Suprema de Justicia (Margarita Cabello).

En el debate, las preguntas que el procurador Ordóñez le envío al presidente Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz también fueron expuestas ante Jaramillo, quien al término de la sesión contestó algunas de las inquietudes.

Una de las preocupaciones de Ordóñez tuvo que ver con el tema del Tribunal de Justicia. Sobre el particular manifestó que Jaramillo “tiene una actitud bastante clerical. Habla del sumo pontífice. ¿Qué tal que fuera que el señor procurador quien hablara? Lo grave no son las personas que van a integrar la jurisdicción especial. Lo grave son las competencias que en el acuerdo establece. Lo grave es la impunidad que se establece en el acuerdo. No las personas”.

Según Ordóñez, “pretenden entonces con la presencia del Papa, designando a algunos de los magistrados, y con la presencia del secretario de la ONU pretenden es lavarse la cara, legitimar la impunidad que se acordó en los acuerdos, dentro de las competencias que le fueron otorgadas”.

“Esa jurisdicción especial somete a las cortes, a todas. Somete a la Corte Constitucional, porque las acciones constitucionales no podrá ella conocerla, frente a los controles que cualquier ciudadano acuda para pedir a nuestros jueces legítimos la definición en esa materia. Lo mismo que la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Incluso las sentencias que están en firme pueden ser revocadas. Y afecta la seguridad jurídica, porque se pueden reabrir procesos archivados y modificar, y variar su contenido. Aparte de premiar con impunidad a los integrantes que simplemente reconozcan la responsabilidad. Basta con ello. Igualmente premia con impunidad a algunos militares incursos en procesos de esos graves delitos. Pero igualmente a otros inocentes los obligan a confesar crímenes que no cometieron. Y lo mismo con particulares”, sostuvo.

“Se habla de casi 30.000 procesos que enviarían a las jurisdicción especial para la paz para obligar a muchos de los particulares las posibilidad de ir a la cárcel”, dijo Ordóñez

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