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Constitucionalidad de Zidres: sigue tira y afloje

La discusión sobre la conveniencia de desarrollar la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), continuó ayer ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue invitado por el alto tribunal a explicar la importancia de no tumbar la ley, la cual fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos a principios de este año.

La Corte igualmente escuchó a delegados de la Procuraduría, quien en un concepto enviado al Alto Tribunal solicitó tumbar el nombre de la Ley, y pidió rechazar las demandas argumentando que con las leyes que existen actualmente en Colombia es viable desarrollar proyectos agroindustriales para responder a la internacionalización de la economía y que la producción de alimentos cuenta de especial protección del Estado.

Dentro de la lista de invitados, también figuró el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz, quien expresó que “es una oportunidad para Colombia la que la Ley Zidres nos está dando a todos los colombianos, sin importar que seamos pequeños, medianos o grandes productores, o queramos serlo, no podemos dejar de pasar esta oportunidad histórica, de poder explotar esas 26 millones de hectáreas, que potencialmente podemos llegar a aprovechar, y solo estamos con 101.1 millones”.

Señaló además que “es un sofisma lo que plantean que esto es una lucha de clases de grandes contra pequeños, una lucha de clases entre los ricos contra los pobres, eso es lo que ha generado la guerra en Colombia, aquí el argumento debe ser qué proyecto beneficia al desarrollo”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, añadió que “desarrollar el concepto de asociatividad del campo sí es posible porque hay espacio para pequeños, medianos y grandes capitales para explotar adecuadamente las tierras».

Los derechos

Entre tanto, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, sostuvo que la Ley de Zidres viola el principio de progresividad en materia de derechos sociales, pues incorpora medidas regresivas en contra de la garantía constitucional de promover el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios. Las Zidres también plantean una relación desigual entre el magnate y el campesino, al cargar sobre estos últimos los riesgos de la operación. En palabras del senador Robledo “las Zidres vuelven a los campesinos unos siervos del siglo XXI”.

Robert Daza, representante a la Cumbre Agraria manifestó que “mi principal argumento es que con esta Ley van a quedar afectados los patrimonios que tenemos como campesinos que son los baldíos, pero también se desconocen las formas propias de vida y de producción que tenemos como campesinos, se van a implementar monocultivos que dañan el medio ambiente, contaminan el agua y afectan la soberanía comunitaria”.

También estuvo presente el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien manifestó que “obviamente el argumento que defenderé es la productividad de la tierra, Colombia es uno de los 7 países del mundo con la mayor reserva de tierra para producir comida y la tenemos que utilizar, esto no puede seguir siendo títulos y títulos, y demagogia y no producir, por eso lo importante de la seguridad alimentaria”.

Desarrollo

Vélez expresó que “creo que ya está clara la constitucionalidad del tema de ley y por eso hay que demostrar por qué es importante desarrollar las 7 millones de hectáreas que no las hemos desarrollado, tenemos 22 millones de hectáreas más para desarrollar, en esas zonas donde supuestamente se está aplicando no hay campesinos, la Ley obliga que para poder decretar Zidres hay que legalizar la tierra y no encontramos un solo campesino para legalizar, a los que se lo pedimos ya lo legalizamos, es decir hay que llevar nuevas juventudes a trabajar en esas zonas, pero con garantías”.

El senador Alberto Castilla, también del Polo Democrático, manifestó que “las Zidres cambian el sentido de la normatividad, reforma la Ley 160 del 94, donde los baldíos de la nación deben ser objeto de reforma agraria entregársela al campesinado, y en este caso bajo el argumento de que no se sede la propiedad se le entrega al empresariado para que desarrolle un proyecto a perpetuidad, son 20, 30 años de duración del proyecto y que se pueden renovar”.

Agregó que “de manera que lo que estamos diciendo es que eso no puede darse en Colombia y es implementar un modelo de agroindustria que desconoce al campesinado”.

La demandante, Rocío del Pilar Hurtado, indicó que “insisto en la inconstitucionalidad de la Ley de Zidres en tanto que no cumplió con el mandato para garantizar las consultas previas para respetar  los derechos de las comunidades étnicas, asumimos carece de instrumento de garantizar participación”.

“Reitero que la Constitución encauza la forma del Estado y ejerce el dominio inminente sobre los bienes baldíos”, expresó.

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