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CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO EN COLOMBIA

Un replanteamiento concreto y unificado del derecho como forma de organización que se ajusta a las exigencias de la evolución y transformación sociales lo que hoy por hoy se materializa de la mano de los postulados constitucionales a través de los cuales los ciudadanos de la nación, ven garantizados su dignidad y sus derechos fundamentales.

Actualmente la validez del derecho se vislumbra a partir de su relación con la constitucionalidad, es decir y hablando de una manera concreta, que ese fenómeno se manifiesta cuando se considera que una ley es válida si es emitida por autoridad competente, respetando los procedimientos señalados en la constitución y la ley, respetando el ordenamiento jurídico y el principio de supremacía de la Constitución.  En otros términos se ha de considerar que el derecho en Colombia hoy esta imbuido del constitucionalismo contemporáneo o Neoconstitucionalismo y aquello que este por fuera de esa esfera pierde toda validez.

 

Para comprender mejor las anteriores ideas preliminares de este trabajo a continuación nos disponemos a mostrar a través de las siguientes líneas como consideramos que se materializa la Constitucionalización del Derecho en Colombia.

 

El derecho en Colombia imbuido de constitucionalismo contemporáneo

 

Desde el punto de vista jurídico, la redacción de la Constitución Política de Colombia de 1991, respondió a las expectativas generadas por el llamado constitucionalismo moderno, que tiene su expresión en el Estado Constitucional, de allí que sea menester traer a colación los rasgos más sobresalientes del derecho en Colombia imbuido por el Neoconstitucionalismo.

 

En primera medida es importante manifestar que el Constitucionalismo contemporáneo se difunde en constituciones como la nuestra caracterizada por ser en gran parte rígida, escrita, protegida y garantizada contra la legislación ordinaria, en la medida en que las normas contempladas en ella no pueden ser derogadas, modificadas o abrogadas, si no es mediante un procedimiento especial, destacándose la supremacía de la constitución, en el ordenamiento jurídico. Así mismo la naturaleza normativa de la Constitución, de la cual se desprende el concepto de constitución como norma jurídica y la eficacia jurídica son enfoques que obedecen a que la Constitución se encuentra llamada a producir en todo momento efectos jurídicos, tiene aplicación directa y tiene un papel de límite a la producción legislativa en el Estado constitucional.

 

Por otra parte la manifestación del fenómeno se ha logrado a través de la redefinición de la naturaleza jurídica del Estado, pues en el caso nuestro se asume un Estado social de Derecho, que pretende el bienestar general de la sociedad y para ello fue necesario hacer la incorporación de un catálogo de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, para otorgarle la fuerza vinculante a la constitución, además de consagrarse disposiciones que regulan directamente las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

 

De otro lado la justicia constitucional, ya no solo salvaguarda la supremacía de la Constitución, sino que ostenta el poder de ser el garante de la realización material de la constitución. En Colombia la Corte Constitucional, traduce su papel en la elaboración de sentencias de constitucionalidad, de inconstitucionalidad y de tutela.

 

De cara a la  Interpretación Constitucional, el ordenamiento jurídico es un sistema, cuyos elementos integrantes no pueden ser vistos aisladamente, sino como parte de un gran todo (interpretación sistemática). Sin embargo la doctrina complementa el método de interpretación acudiendo a los argumentos con coherencia, que armonizan las disposiciones encontradas y es aquí donde nace la Ponderación, dirigida especialmente a la interpretación de principios o derechos fundamentales encontrados, y se acude  al  test o juicios de proporcionalidad, y test o juicios de razonabilidad.

 

No obstante la evolución del constitucionalismo contemporáneo consideramos que ha llevado a una crisis en el modelo del Estado Constitucional en la medida en que se ha generado gradualmente un papel creativo de la jurisdicción, y una pérdida de la unidad y coherencia de las fuentes de convivencia y superposición de diversos ordenamientos concurrentes. Ejemplo de ello, es que cada ley que pretende nacer a la vida jurídica, y cada búsqueda de una reforma constitucional, surge de un interés político, temporal, que sin duda se mantiene como eje generador de nuevas crisis, afectándose con ello el principio de legalidad, dando lugar, a una inflación Legislativa, y una disfunción del lenguaje legal. Estas leyes nacen todos los días en lenguajes oscuros dando paso a confusiones normativas, abriendo la posibilidad a la discrecionalidad ilimitada de los jueces, y a la formación jurisprudencial del derecho perdiendo certeza, eficiencia y su carácter garantista. El principio de legalidad propio del estado de Derecho empieza a perder sentido, se genera incertidumbre a nivel de competencias, y se da curso al  nuevo derecho jurisprudencial.

Al parecer, el juez ya no solo aplica el derecho existente, sino que se configura en creador de nuevo derecho en sus decisiones, y esto es claro  cuando se sabe  que el intérprete nunca renuncia a introducir en sus sentencias sus concepciones propias de justicia y política. Esto ocurre frente a la indeterminación de la norma, y debemos conformarnos con que el juez decide no lo que el derecho debe ser sino lo que el derecho es, según la interpretación general de la constitución.

 

Pese a lo anterior, se debe advertir que el neoconstitucionalismo ha conducido a considerar que  el Estado Constitucional de Derecho es la mejor y más justa forma de organización política, objetando la supremacía del legislador o su carácter superior frente al estado democrático y presenta como una de las consecuencias de la ponderación judicial la reducción de las esferas de decisión de las mayorías parlamentarias; y es ese mismo  constitucionalismo contemporáneo el que responde a las nuevas tendencias de cambio social y político de nuestro pueblo, el multiculturalismo, las relaciones existentes entre sociedades abiertas y plurales, situaciones que reclaman respuestas acordes a los cambios y necesidades de las nuevas generaciones.

 

En resumen de lo hasta aquí abordado, es sensato establecer que la Constitución no es solo formal sino también material, pues ya no es solo una fórmula de reparto de poderes, sino que comprende la institucionalización de unos valores como principios, disposiciones, derechos fundamentales. Es garantizada materialmente, es exigible jurídicamente no solo a través de La Corte Constitucional, sino también a través de los jueces ordinarios, que se convierten en jueces constitucionales. Así mismo resultalegítimo decir que la ley solo tiene validez cuando se encuentre ajustada a la Constitución,  por tanto toda ley debe ser constitucional y de allí que hablemos de la transversalidad del Derecho Constitucional, pues la ley se ajusta al contenido de los derechos fundamentales y  sus contenidos

irradian sus efectos a las leyes civiles. Los principios en el derecho repercuten sobre el resto del ordenamiento jurídico, por tanto la ponderación y el principio de proporcionalidad resultan indispensables para la aplicación de los postulados o bases constitucionales fundamentales.

 

Conclusión

 

Es claro que en Colombia el constitucionalismo contemporáneo o Neoconstitucionalismo cala en el derecho como forma de organización social, y eso se ve manifestado en aspectos como la omnipresencia del derecho constitucional, pues todo el derecho es  constitucionalizado; la generación del poder absoluto de los jueces; la mengua de la autonomía del legislador, y por último la falta de homogeneidad en la ideología del texto constitucional, que debe ser armonizada en el proceso de interpretación.

Sobre este último aspecto, se podría pensar por un momento que el asumir el neoconstitucionalismo, implica a recoger o anular la idea acerca de que el derecho está precisamente llamado a generar certidumbre y seguridad jurídica, no obstante consideramos que no se puede adoptar una posición tan radical. Por el contrario lo que debemos pensar es que estamos frente a una forma contemporánea de iusnaturalismo, que nos exige confianza en la discrecionalidad de los jueces. Es innegable que el poder de los jueces avanza y se fortalece, que sus decisiones abarcan incluso fronteras políticas, pero es innegable que el modelo de Estado Social  de Derecho, planteado en la constitución exige eficiencia y efectividad, que no se alcanzan en muchas ocasiones a través del ejercicio del gobierno y el congreso.

 

Por otra parte, debemos indicar que si bien es cierto que con la adopción de la Constitución Política de 1991 en Colombia se establece el tribunal constitucional  que no es otro que la Corte Constitucional, pero ello no debe llevarnos a pensar que en nuestro país se acoge un sistema de control concentrado, pues es claro que en Colombia ejercen control constitucional, no solo la Corte, sino además cualquier juez y son estos mismos jueces los que imparten justicia aplicando el Derecho vigente desde la perspectiva moderna, propia de un Estado constitucional de derecho que supone su doble sumisión a la Constitución y a la ley.

 

De otro lado es dable decir que bajo el constitucionalismo contemporáneo en Colombia, la ley, cede el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto de medición y esta instancia más alta asume ahora la importantísima función de mantener en unidad y paz sociedades enteras divididas en su interior y concurrencia. La Constitución es norma jurídica que vincula a todos los poderes del Estado y a los particulares. De esta manera la Constitución ya no es solo fuente de derecho sino fuente inmediata de derecho o de aplicación directa; por tanto se da una ampliación a la Constitución de tal manera que el ordenamiento jurídico debe ser estudiado y analizado a la luz de la Constitución.

 

En materia de derechos fundamentales, corresponde esencialmente a  la ley, el desarrollo de las reglas y principios constitucionales. La Constitución asegura, frente al pluralismo solo su contenido esencial pero no el completo y detallado régimen del ejercicio de cada derecho, corresponde entonces constitucionalmente al legislador desarrollar, concretar los derechos fundamentales. Puede entonces deducirse que le atañe solo a la Corte Constitucional, definir el contenido de los derechos fundamentales, y ser el ente unificador de la doctrina constitucional, se conforma así la Corte como el supremo intérprete de la Constitución.

 

 

Por otra parte respecto a las relaciones entre el gobierno y los jueces, el tema de tridivisión de poderes y su importancia en la concreción del funcionamiento de cualquier Estado se da a partir del respeto por las funciones y de una colaboración entre ellas para la consecución de los fines propios del Estado, y frente al problema de la efectividad de los derechos, se presenta la  suplantación de las funciones del gobierno por parte de los órganos judiciales.

 

Respecto a la Corte Constitucional colombiana, genera un cambio respecto al paradigma en el Estado y pasamos a un Estado Constitucional donde la Corte juega un papel preponderante.La Corte Constitucional tiene la misión de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, y por tanto es ella quien debe interpretar los derechos constitucionales.Ante la ineficiencia política del Congreso y  del Ejecutivo generadora de  vacíos de poder, y que ponen en tela de juicio la garantía de los derechos fundamentales, se  establece el Estado de Cosas Inconstitucional, que reclaman de la Corte una rápida y efectiva intervención, dando lugar a decisiones jurisprudenciales que pueden llegar a tener lineamientos importantes con tintes de orden político, y que dan origen a  ideas de usurpación de funciones entre las ramas del poder público y vulneración al principio constitucional de separación de poderes.

 

El Estado Constitucional de Derecho, evoluciona a pasos gigantes, introduciendo innovaciones en la manera de entender el derecho; es así como la creación de principios, valores y derechos constitucionales que afectan la estructura de la norma jurídica, la institución del control de constitucionalidad de las leyes, tanto como la aplicabilidad de las normas constitucionales, provocan una manera diferente de concebir el derecho, y es así como estos pasos evolutivos convergen hacia lo que hoy los doctrinantes denominan el Neoconstitucionalismo, que para algunos encarna el activismo constitucional, el peligro al principio de seguridad jurídica, y la posible usurpación de funciones en el Estado Constitucional. Es de vital importancia en este momento, que el Estado haga un gran esfuerzo, para el cumplimiento de las promesas constitucionales y la eficacia de todos sus postulados, contribuyendo de esta forma a evitar que la rama judicial se salga de  sus competencias, con el objeto de hacer cumplir la constitución, en los casos en los que la inoperancia del Estado lo amerita.

La realidad enfrenta siempre cambios, trayendo consigo nuevas realidades. La  democracia, debe ser el principio prevalente al cual respondan las actuaciones de los organismos del poder ya que son precisamente los desniveles de poder, los que en ultimas activan la justicia constitucional.

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