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EL IMPACTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN NUESTRO ESTADO COLOMBIANO

Por Tomás Andrés Murcia

En los años 2003 y 2004, tres estudiantes de la Universidad Libre, (Tomás Andrés Murcia Olaya, Camilo Galvis Morales y Leones Rodríguez.) se dieron a la tarea de desarrollar un proyecto de tesis de grado, el cual debía acentuarse en un tema poco tratado y novísimo en nuestro sistema jurídico interno.

Estos inquietos muchachos abrieron lo que 12 años después viene a acentuarse en el asunto más delicado y controvertido en el momento actual que atraviesa Colombia. Aquí les comparto la primera parte del resumen, la introducción y los antecedentes que dieron origen a este trabajo investigativo titulado en líneas anteriores.

La investigación se propone conocer el proceso de incorporación e impacto del tratado de Roma en Ia legislación interna, así mismo, nos interesa saber, el estatuto que crea Ia Corte Penal Internacional, su estructura, organización y jurisdicción. La importancia de este estudio radica, en que nosotros como estudiantes de derecho debemos estar familiarizados con el fenómeno jurídico de Ia internacionalización de Ia justicia penal, son pocos los trabajos que sobre el tema se han desarrollado en Colombia, por lo tanto es un averiguación novedosa Es una investigación eminentemente teórica porque, se trata de analizar, estudiar y comprender el impacto del tratado de Roma, en Ia legislación interna colombiana. Es importante decir que el Estatuto de Roma permite ordenar la desordenada jurisdicción de los Estados. Desde el mosaico jurisdiccional estatal a la heterogeneidad de normas procesales, penales y regímenes penitenciarios; haciendo necesaria la jurisdicción de la CPI. Por el principio de complementariedad, el Estatuto de Roma crea una relación de subsidiariedad entre la justicia de los Estados y la CPI. La creación de la CPI es un gran avance en la protección penal de los derechos humanos, pero está no, está exenta de críticas en la medida en que no tenga jurisdicción sobre todo ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad. La corte penal internacional tiene una limitante en nuestro país la salvedad formulada al artículo 124 del Estatuto de Roma, que limita la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia, y hasta que no se resuelva dicha situación, no se podrá detener a los criminales que se escudan tras las barreras de los países; por esto, frente a la situación de nuestro país hay una intención que lo más pronto posible el tema de Colombia sea tratado por la CPI. Por último es importante reiterar, los efectos que consideramos tendrá la CPI en la jurisdicción interna que son: disuadir de cometer crímenes graves comprendidos en el derecho internacional a quienes planeen hacerlo; inducir a los fiscales nacionales, que son los primeros que deben asumir la responsabilidad de hacer comparecer ante la justicia a los autores de tales crímenes, y a cumplir con esta responsabilidad; permitir que se inicie el proceso de reconciliación, ofreciendo a las víctimas y a sus familias la oportunidad de pedir que se haga justicia y se averigüe la verdad; Y dar un enorme impulso a los esfuerzos por poner fin a la impunidad.

 

INTRODUCCIÓN Colombia es un país que se ha visto envuelto en conflictos internos, acciones antihumanitarias, donde se originan delitos tales como el secuestro, el genocidio, el desplazamiento forzado, las masacres, las desapariciones, y demás crimines de lesa humanidad, hasta llegar a límites intolerables; incapaz de combatirlos, y con Ia necesidad de mejorar Ia administración de justicia, decide acogerse a Ia Corte Penal Internacional, dando un gran progreso en Ia perspectiva criminológica, debemos hacer alusión a su vigencia jurisdicción y competencia, porque es un instrumento novedoso del derecho internacional, el cual es un nuevo fenómeno social que afecta la política criminal, Ia estructura y el desarrollo del derecho, por ello es necesario un estudio de investigación tendiente a demostrar sus implicaciones. EL objetivo general es estudiar el impacto que ha tenido en Ia justicia penal Colombiana Ia aprobación del tratado de Roma; y como específicos: conocer el estatuto que crea Ia Corte Penal Internacional, su estructura, organización y competencia; determinar las leyes que se crearon con el fin de adecuar el tratado con Ia legislación nacional, ubicar las reformas necesarias, los ajustes legales o constitucionales, plantear el problema jurisdiccional que se presenta en los crímenes de lesa humanidad y determinar los debates políticos, jurídicos y sociales dados en torno de Ia aprobación del estatuto de Roma. La importancia de este tema radica en el estudio de Ia implementación del estatuto de roma en nuestro país, el cual debe asumir los compromisos internacionales en Ia obligación de combatir los crímenes de lesa humanidad, que en adelante serán objeto de seguimiento por Ia naciente jurisdicción y por lo tanto interesa al mundo jurídico el impacto que trae Ia implementación del tratado, porque es un avance jurídico social muy importante que se está dando en Ia actualidad y un fenómeno político criminal que afecta Ia estructura y el desarrollo del derecho interno como el internacional. Por último, nuestro país al implementar el Estatuto de la Corte Penal Internacional da un avance crucial en la justicia, los culpables de crímenes de lesa humanidad se convertirán en procesados de Ia justicia penal internacional; esto afectará a todos esos grupos al margen de Ia ley que con sus acciones antihumanitarias, le están haciendo daño a Ia sociedad con límites intolerables de cruel.

 

  1. ANTECEDENTES Debido a que se ha presenciado la peor violencia en la historia de la humanidad; en los últimos años del siglo pasado y principios de este, se han presentado bastantes conflictos en el mundo, han muerto un gran número de civiles, principalmente mujeres y niños. En una gran proporción se les han violado sus derechos, de propiedad y dignidad. La mayoría de estas víctimas han quedado en el olvido y muchos de los responsables no han respondido ante la justicia. Aunque existiendo reglamentos y leyes que definen y sancionan los crímenes de guerra, lo que ha hecho falta hasta ahora es un sistema de aplicación de estas normas y de hacer que los individuos que las violan respondan de sus crímenes. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció por primera vez la necesidad de un mecanismo permanente para enjuiciar los homicidas en masa y los criminales de guerra en mil novecientos cuarenta y ocho, después de los juicios de Nüremberg y de Tokyo que siguieron a la II Guerra Mundial, y su necesidad se ha discutido en las Naciones Unidas desde esa época. Empero, los intentos de creación de ese mecanismo han sido vanos hasta ahora, a pesar de la necesidad de un tribunal penal permanente que enjuicie y castigue a los individuos que cometan los más horribles crímenes. La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, se diseñó principalmente para ocuparse de las disputas entre los Estados mas no tiene jurisdicción sobre asuntos que involucren la responsabilidad individual en un crimen. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó los dos tribunales ad hoc para Ruanda y la antigua Yugoslavia para abordar situaciones específicas resultantes de terribles crímenes que se habían cometido. La jurisdicción de estos tribunales está limitada al tiempo y los territorios en cuestión. Su propósito no era el de abordar violaciones que ocurrieran en otras partes o evitar violaciones en el futuro. 1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS La CPI ha sido un tema de interés y actualidad para Colombia, en donde poco se ha escrito sobre el particular, a pesar de que el tema ha despertado un interés en medios académicos; La incorporación del estatuto de Roma a nuestra legislación interna, ha traído consigo ciertas dificultades por no estar acorde con Ia constitución misma, y lo podemos notar al consultar los aportes de tratadistas como los que nombramos a continuación: Para Bautista Delgado, “es importante Ia creación del Tribunal Penal Internacional para enjuiciar a los presuntos violadores del derecho Internacional Humanitario que durante muchos años se desarrollaron en Ia antigua República de Yugoslavia” 1 . La comisión de violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario fueron llegando al conocimiento de Ia opinión pública internacional y posteriormente confirmadas por el comité Internacional de Ia Cruz Roja y el Alto Comisionado de Ia Naciones Unidas para los refugiados. 1 DELGADO CÁNOVAS, Juan Bautista. Análisis crítico de la legalidad de la creación para las Naciones Unidas de un Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Granada: Editorial Comares, 2000. p. 1. Ante esta situación, Ia comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se expreso invitando a los gobiernos y organizaciones internacionales a cooperar y a proporcionar información que le permitiera aplicar Ia resolución 771 de 1992 (sobre violaciones del Derecho Internacional Humanitario) para adoptar las medidas necesarias contra los responsables de estas violaciones y que a su vez se constatarán los nombres de sus autores y de las victimas para comenzar a tomar conciencia del verdadero alcance de los hechos. Por otra parte, Ia comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargo al señor Tadeus Mazowiecki para que especialmente recopilara información sobre este tipo de violaciones en Ia antigua Yugoslavia y especialmente en Bosnia, información que deba ser verificada. Pero pese a Ia verificación de esas informaciones que daban fe de las atrocidades cometidas en el marco del conflicto, hubo que esperar hasta el 5 de mayo de 1992 para que el consejo se ocupara por primera vez del conflicto que se presentaba en Bosnia. A partir de entonces, el consejo adopto una serie de medidas sobre violaciones de los Derechos Humanos que condujo al establecimiento del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de sus presuntos responsables. La creación de este tribunal se llevo a cabo teniendo en cuenta las violaciones del D.I.H y Ia practica de limpieza étnica, situación que hoy en día continua siendo una amenaza para Ia paz y Ia seguridad internacional. En cuanto a Ia justificación que le da Bautista DeIgado a Ia creación de Ia CPI en Ia antigua Yugoslavia, es precisamente el de castigar aquellos crímenes que repugnan a toda Ia humanidad y que estos sean juzgados precisamente por un Tribunal Internacional y no por jueces nacionales, ya que Ia internacionalización del enjuiciamiento constituirla una garantía de justicia imparcial para las víctimas como para los acusados. El fundamento jurídico utilizado para Ia creación del Tribunal internacional para Ia antigua Yugoslavia, fue el mecanismo coercitivo: Primero porque se constato Ia existencia de una amenaza para Ia paz y segundo porque debla establecerse un sistema de seguridad colectivo: por un lado, prohibiéndose el uso individual de Ia fuerza armada, salvo en estricta legítima defensa y por otro lado Ia creación de un dispositivo de reacción institucional contra el Estado que quebrantara injustificadamente esa prohibición. Del análisis del Estatuto de Ia Corte Penal Internacional y su importancia para Colombia, escrito por Clara Inés Vargas, “Ia CPI es un instrumento importante para Colombia por que constituye un nuevo reto y un incentivo para Ia lucha contra Ia impunidad y Ia violación de los derechos Humanos que se ha convertido en el pan de cada día de los Colombianos”2 . En relación con el Principio de complementariedad de Ia Corte Penal Internacional a nuestro ordenamiento jurídico Clara Inés, lo expone que fue utilizado para describir Ia relación entre Ia Corte y las jurisdicciones penales nacionales; se trata de que los Estados voluntariamente permitan, en ceder parte de sus competencias a un organismo judicial Internacional de carácter permanente, pero no todos los Estados estuvieron dispuestos a hacer esa cesión afirmando que ningún Estado tiene jurisdicción sobre los actos de otro Estado, esto implica que los tribunales de un Estado, no están autorizados a cuestionar Ia validez de los actos de otro Estado, realizado dentro de su jurisdicción. Pero a través del tiempo los Estados fueron cediendo por medio de tratados, aceptando voluntariamente Ia limitación del concepto de soberanía a medida que las relaciones entre los Estados se fueron haciendo más interdependientes hasta alcanzar los grados de globalización que hoy conocemos. 2 VARGAS SILVA, Clara Inés. Análisis del Estatuto de la Corte Penal Internacional y su importancia para Colombia. Bogotá D.C: Editorial Cancillería de San Carlos, 2002. p. 12. En materia de principios, como el NON BIS IN IDEM, que fue uno de los temas que se vinculo con el de complementariedad, se partió de Ia base de que debe limitarse a los juicios celebrados en un solo ámbito de jurisdicción; es decir que Ia Corte no puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos cuando ya hubiere sido condenado o absuelto por Ia misma corte, al igual ,que está prohibido para los demás tribunales de juzgar a una persona por los mismos hechos por los que ya hubiere sido condenado o absuelto por Ia corte, sin embargo se establecieron excepciones al principio de cosa juzgada para permitir a Ia Corte Penal Internacional procesar a personas por hechos que ya hubieren sido juzgados por otro tribunal, terminando así por imponerse Ia jurisdicción de Ia Corte por encima de Ia jurisdicciones penales nacionales. Es pertinente mencionar el artículo relativo al principio del NON BIS IN IDEM o cosa juzgada en relación con las amnistías, los indultos y las suspensiones de ejecución o conmutación de Ia pena. “Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 18, quien haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos que estén también prohibidos con arreglo al artículo 5 podrá ser procesado por Ia Corte si una decisión manifiestamente infundada respecto a Ia suspensión del cumplimiento de Ia sentencia, una amnistía o una conmutación de Ia pena excluyera Ia posibilidad de aplicar una pena apropiada”3 . Al respecto, muy pocas delegaciones le dieron su aval y todos los que intervinieron para solicitar su eliminación entre ellos Colombia, consideraron que se vulneraba Ia soberanía de los Estados por lo que sería muy difícil llegar a aceptar el texto anterior. En el ámbito de crímenes, Clara Inés toca un punto muy importante sobre las cinco 3 Disponible en Internet: http:// www nizkor.convencion.onu/estatuto/articulo.18/ grandes categorías de los cuales Ia Corte Penal Internacional tendría competencia: el genocidio, Ia agresión, las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes correspondientes a Ia paz y Ia seguridad de Ia humanidad. Uno de los temas que se abordo respecto a lo anterior, era si de debía o no incorporar en el estatuto Ia definición de los crímenes ya mencionados; algunos países, entre ellos Colombia, pensaron que teniendo en cuenta el principio de legalidad o NULLUN CRIMEN SINE LEGE, era indispensable que se incorporara Ia definición de los crímenes en el Estatuto y que se especificaran los elementos de cada crimen para así garantizar los derechos del acusado, para tal fin Colombia estuvo de acuerdo con que se definieran los crímenes dentro del estatuto. Como Ia mayoría de las delegaciones fueron partidarias de que se definieran los crímenes, se tomo Ia decisión de hacerlo en articulados diferentes y de manera exhaustiva para dar plena aplicación al principio de legalidad, quedando regulado en el artículo 5 bajo el titulo “crímenes de competencia de Ia Corte” 4 . Respecto al derecho aplicable, se señalo que Ia Corte debe aplicar el estatuto, los tratados, las normas de derecho internacional general, y en Ia medida en que fuera aplicable cualquier norma de derecho interno, se considera, que es muy importante incluir esta fuente por que en muchos de los tratados se previó que los crímenes estuvieran también tipificados como crimen en el derecho interno y que teniendo en cuenta Ia seguridad jurídica de los procedimientos penales las normas que aplicaba Ia corte deberían quedar claramente establecidas en el estatuto. En este sentido se señalo que Ia Corte deberla aplicar el derecho interno del Estado en donde se hubiera cometido el crimen, en vista de que el Derecho Internacional 4 Ibid., http://articulo.5/ no contaba con un sistema completo de derecho penal sustantivo, y por lo tanto es importante recurrir a este recurso siempre y cuando no fuera incompatible con el Estatuto. En general, para que Colombia pueda adoptar el principio de complementariedad, se requiere que nuestra jurisdicción penal sea competente para investigar y juzgar los hechos que constituyen delito de derecho internacional establecidos en Ia CPI, y que este hecho este también tipificado en nuestra legislación, de no ser así el Estado no podrá investigar ni juzgar, por lo que pasaría hacer competencia y hacer directamente juzgados por Ia CPI, partiendo del hecho de que el derecho nacional no considere como criminal un determinado acto, sin quedar eximido el que lo realice en virtud del derecho internacional. Para Eduardo Umaña Luna, Colombia es uno de los países mas golpeados por Ia violencia y Ia proliferación de las desapariciones forzadas involuntarias, seguido de una guerra sin razón del crimen organizado, sumándole Ia ausencia alarmante del sistema penal, particularmente a falta de tipicidad para los crímenes de mayor repercusión social internacional y nacional. La realidad que vive nuestro país genera Ia necesidad de afrontar el reto de Ia violencia, proponiendo nuevos prospectos jurídicos integrando el sistema penal a mecanismos de competencia de Ia CPI, para hacer una patria civilizada y salvar según el “el resto de nuestra maltrecha soberanía”5 . De este documento es importante dar a conocer ciertas conclusiones del autor: Primero que todo, habla sobre el trafico de drogas: que indudablemente es uno de los principales factores de desestabilización de Ia sociedad colombiana, esta es 5 UMANA LUNA, Eduardo. Delitos de Lesa Humanidad y al Derecho Penal Interno. Bogotá D.C: Editorial Sitrateléfonos, 2001. p. 20 – 60. una de las razones que ha fomentado Ia violencia en nuestro país; así no sea ella Ia única causa, por desgracia existen más factores que sumados a este han hecho de Ia vida cotidiana de los colombianos una lucha constante contra Ia violencia, ya que Ia acción subversiva ha afligido a todos los sectores de Ia sociedad. Sin embargo las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por estos últimos, llegan a las naciones unidas sin ninguna respuesta efectiva para combatir el crimen organizado. Por último hay también muerte debidas a Ia delincuencia común, lo que no tiene nada de particular en un país donde hay tantas armas en manos de particulares sin control alguno. En segundo lugar, hace una breve exposición sobre el desaparecimiento involuntario, en donde una de las características de este fenómeno en Colombia es su corta duración, por lo que en muchos de los casos de detención ilegal o secuestro, el cuerpo de Ia victima aparece a los pocos días sin vida y muchas de las veces torturado en los cuales se puede evidenciar Ia ejecución arbitraria y de tortura que ha sufrido Ia víctima. La pobreza y Ia miseria no se quedan atrás, como uno de los factores generadores de violencia en nuestro país, sumándole el grado de impunidad lo que ha debilitado considerablemente Ia confianza en las instituciones publicas, y contribuyendo al escepticismo en lo que se refiere a soluciones pacificas para los conflictos sociales en Colombia. Como consecuencia de Ia inoperancia del Estado, el gobierno se vio en Ia necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones para mantener el orden publico y Ia protección del individuo, Ia situación de Colombia exige con prontitud, Ia puesta en funcionamiento de Ia CPI en nuestra legislación ya que esta es una necesidad jurídica y obligación por parte del Estado defender a los ciudadanos y, si es, esta norma Ia que por primera vez defiende a Ia victima sobre el victimario, valorando el concepto de victima universal, es precisamente el estatuto de Ia Corte Penal Internacional, Ia encargada de tipificar y enjuiciar estos crímenes. Maria Luis Manotas, profesora en derechos humanos y derecho Internacional Humanitario, hace un análisis sobre si cabria Ia posibilidad del indulto y Ia amnistía en los delitos atroces o de lesa humanidad que agobia a nuestro país. Si bien es cierto en situaciones como las que vive Colombia de conflicto interno, “los autores alzados en armas de las organizaciones guerrilleras y paramilitares o de autodefensa, no suscribirían un acuerdo de paz, cuyo objeto sea su aprehensión, juicio y castigo por los delitos cometidos, pero tampoco no se conseguirá Ia paz con Ia impunidad de tales crímenes cometidos en el seno de Ia sociedad, ya que Ia impunidad seria Ia base de nuevas violaciones de los derechos humanos” 6 . Es claro, entonces, que el derecho Internacional Humanitario es obligatorio para los actores del conflicto armado, es así como Ia violación de Ia misma debe ser castigada o bien, mediante el poder judicial interno a el nuevo instrumento internacional como lo es Ia CPI, que goza de poder coercitivo para aplicar Ia justicia como lo establece el estatuto de Roma para ciertos eventos. En tal sentido, seria imposible que se pudiera llegar a acuerdos de amnistía o indulto a personas que hayan involucrado a Ia población civil en el conflicto interno armado, ya que el objetivo del DIH, es sustraer a Ia población civil de dichos efectos. Esto quiere decir que si Colombia no judicializa a los autores de delitos de lesa humanidad, o de guerra debido al indulto o a Ia amnistía, no quiere decir que 6 MANOTAS ANGULO, Maria Luisa. El Indulto y la Amnistía frente al nuevo Derecho Penal Internacional. Bogotá D.C: Editorial Consigna, 2002. p. 15. escapen a Ia jurisdicción de Ia nueva CPI, pues nos encontramos en un marco de globalización, no solo en el campo comercial sino también en el jurídico. Si bien es cierto Ia corte no tiene jurisdicción universal, pero si competencia para juzgar dichos actos; cuando un Estado como es el caso Colombiano, no tenga, o no haya podido castigar un delito atroz o un crimen de lesa humanidad, en el que se haya otorgado amnistía o indulto. En definitiva Ia CPI es un instrumento coercitivo dotado de los instrumentos necesarios para aplicar justicia. Lo anteriormente dicho, tiene su sustento en Ia Constitución Nacional, que distingue el delito político del delito común, y concede beneficios como Ia amnistía, el indulto, para los delitos políticos, siempre que estos no hayan incurrido en delitos atroces; resulta insostenible aceptar el delito político, en el que se amparan los alzados en armas, como el secuestro, Ia toma de rehenes, las masacres, las desapariciones forzadas, Ia tortura, el desplazamiento forzado y todas las atrocidades que a diario cometen en Colombia los grupos armados y los paramilitares, pretendiendo que son legitimas a que están amparados en los delitos tildados de políticos, los cuales posibilitan el indulto o Ia amnistía bajo Ia excusa de que es necesario para asegurar Ia paz entre los colombianos. Por otra parte el código penal establece que Ia amnistía extingue Ia acción penal y Ia pena, beneficios que son otorgados a miembros de organizaciones al margen de Ia ley, amparados por el carácter de delito político y que hayan demostrado su voluntad de incorporarse a Ia vida civil. Al respecto, se tendría entonces que reformar Ia constitución política de Colombia, ya que los tratados internacionales con que los mencionados crímenes no pueden ser producto de amnistía o indulto, porque precisamente violaría el derecho internacional Humanitario y el Estatuto de Ia CPI. La incorporación del estatuto de Roma en nuestra Legislación interna, y en una forma aun más directa, a Ia constitución misma, a tenido ciertas dificultades y Ia podemos notar al consultar los aportes de Jaime Sandoval Mesa, que en su libro titulado Ia incorporación de Ia CPI, analizo Ia implementación y los efectos que tendrá el estatuto en nuestro país. Considera, que al ratificar dicha figura, Colombia, tiene que hacer cierta armonización de Ia Legislación foránea con Ia nacional, y no es un proceso fácil, puesto que puede existir ciertas discusiones en cuanto a Ia competencia del ente supranacional. A demás destaca las presiones que ha tenido nuestro país en cuanto a Ia aprobación de algunas cláusulas, que de ser así, niegan Ia competencia o debilitan Ia CPI, refiriéndose a los Estados unidos, “Ia fuerte presión Norte Americana, que para ese momento exigía cierta inmunidad de sus funcionarios, en Ia eventualidad de que nuestro Estado acogiera con todo vigor las cláusulas del tratado, concretamente las disposiciones del articulo 8 concerniente a los crímenes de guerra”7 . Para nosotros es de especial interés lo que nos relata dicho actor, puesto que esta resaltando no solamente los problemas a nivel interno, si no adicionalmente las influencias que pueden afectar en Ia toma de decisiones de nuestro país con respecta a Ia incorporación y más concretamente a Ia validez de Ia CPI. En Ia revista Consigna, en su artículo titulado “La Corte Penal Internacional”, Jorge Mario Eastman, asegura: “Es un logro para Colombia Ia ratificación del tratado, ya 7 SANDOVAL MESA, Jaime. La Incorporación de la Corte Penal Internacional. Bogotá D.C: Ediciones Nueva Jurídica, 2003. p. 260 – 263. que este logrará hacia un futuro complementar el sistema jurídico penal nacional”8 podemos deducir entonces que este tratadista acoge Ia teoría subsidiaria de Ia CPI, en donde este apoya jurisdiccionalmente a Colombia. Y en Ia misma teoría subsidiaria tenemos a Javier Antonio Villanueva Mesa, en su texto “Jurisdicción Penal Internacional sobre Ia Globalización”, en donde menciona: “El sistema legislativo Colombiano ha tenido una deficiencia en Ia administración de justicia especialmente Ia de Ia jurisdicción penal originando como consecuencia Ia mundialización del delito, entrando Colombia a formar parte de un control social Internacional”9 . Finalmente, analizando las diversas posturas doctrinales al tema nos lleva a considerar que el Estatuto de Roma va ser el mecanismo que fortalecerá nuestro sistema jurídico penal, será complementario de los sistemas de justicia nacional y actuará solo cuando los Estados sean incapaces o carezcan de voluntad de investigar o juzgar crímenes de lesa humanidad. 1.2

ANTECEDENTES HISTÓRICOS El más remoto precedente de la CPI podría ser el tribunal constituido en 1474 para juzgar a Peter de Hagenbach por homicidio, violación y otras infracciones a las “leyes de Dios y de los hombres”10 , durante la ocupación de la ciudad de Breisach. 8 EASTMAN, Jorge Mario. La Corte Penal Internacional. Bogotá D.C: Editorial Consigna, 2002. p. 18. 9 VILLANUEVA MESA, Javier Antonio, Jurisdicción Penal Internacional, Medellín: Editorial Librería Sanchez Ltda, 2000. p. 10. 10 GRAVEN, Francoise, El Difícil Progreso de la Justicia Penal Internacional. Paris: Ediciones A. Pedone, 1970.p. 512 – 526. El Tratado de Versalles de 1919 contemplaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II por un tribunal internacional, previsión frustrada con la negativa de los Países Bajos a su entrega. Por esta misma época, el Tratado de Sévre de 1920 anunciaba el enjuiciamiento de los responsables turcos del genocidio armenio, pero el Tratado de Lausana de 1923 amnistió a los procesables En julio de 1920, el Comité de Juristas encargado de la elaboración del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional presentó un proyecto para la creación de una jurisdicción penal internacional ajena a esta Corte, la que no fue muy bien acogida por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones; pues, adoptó una recomendación mediante la cual estimaba que los crímenes internacionales podrían ser jurisdicción de una sala de la Corte Permanente de Justicia Internacional en un futuro. La Convención para la Creación de una Corte Penal Internacional para Terrorismo de Ginebra de 1937 preveía un tribunal para estos casos, pero circunstancias como la guerra civil española, la invasión de Italia a Abisinia y la segunda guerra mundial abortaron el engendrado tribunal 1.2.1 TRATADO DE PAZ DE VERSALLES Se puso fin a la primera guerra Mundial, donde se estableció la creación de un tribunal especial, que en el artículo 227 nos dice: Los aliados y los poderes asociados denuncian públicamente a Guillermo II de Hohenzollern, ex Emperador alemán, por una ofensa suprema contra la moralidad internacional y lo sagrado de los tratados. Se constituirá un Tribunal Especial para juzgar al acusado, asegurándole la garantía esencial de sus derechos a la defensa. Este Tribunal estará compuesto de cinco jueces, uno por cada uno de los siguientes poderes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. En sus decisiones este Tribunal se verá guiado por los más altos motivos de las normas internacionales con vista a justificar las obligaciones de las garantías de los compromisos internacionales y de la validez de la moralidad internacional. Será su obligación imponer los castigos que considere deben ser impuestos. Los aliados y la asociación de poderes solicitarán al Gobierno de Holanda la entrega del ex Emperador para someterlo a juicio. Cabe destacar que aunque el tratado no hacía referencia expresa a crímenes contra el derecho Internacional sino a una ofensa suprema contra la moralidad internacional y a lo sagrado de los tratados, en el fondo estaba indicando que esa guerra constituía un crimen. La disposición del Tratado de Versalles como lo analiza Kelsen, en su libro “principios de derecho internacional público”11, convertía a las normas de la moral internacional en normas jurídicas anexando una sanción penal y preveía la aplicación de esa sanción a un individuo, en su calidad de agente del Estado, y no al Estado mismo, con lo cual sin duda se violaba el principio nullun crimen sine lege, porque las normas que el Tratado calificaba como infracciones, no establecían la responsabilidad individual en ningún caso, sino solamente la responsabilidad del Estado. Frente al artículo 227, Alemania finalmente consintió en que esa responsabilidad individual se le atribuyera al ex Emperador por cuanto ratificó el Tratado de Paz de Versalles. 11 KELSEN HANS. Principios de Derecho Internacional Público. Buenos aires: Editorial ateneo 2000, .p. 123. Pero de nada sirvió que Alemania ratificara el tratado, El juicio al ex Emperador no pudo llevarse a cabo por cuanto Holanda le concedió asilo político y se negó a entregarlo, aduciendo la inexistencia de una base legal. El Gobierno sostuvo que si en el futuro llegara a constituirse, por la Sociedad de las Naciones, una jurisdicción internacional competente para juzgar, en el caso de una guerra, hechos calificados como crímenes y sometidos a una sanción por un estatuto anterior a los actos cometidos, los Países Bajos se asociarían a ese nuevo régimen. No obstante en Leipzig, con el consentimiento de los Aliados, se llevaron a cabo varios juicios contra unas 45 personas entre el 23 de mayo del 16 de julio de 1921 Finalmente cabe decir en cuanto al periodo de la primera Guerra Mundial, que numerosos proyectos, se presentaron pero ninguno tuvo éxito en sentar las bases para la creación de una jurisdicción penal de carácter internacional, entre los que vale la pena destacar, a pesar de que nunca entró en vigor, la “Convención para la Creación de una Corte Penal Internacional”12 , cuyo texto fue, adoptado por los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones, el 16 de noviembre de 1937, con el fin de que aplicara las disposiciones de la Convención para la prevención y la represión del terrorismo adoptada en la misma fecha. 1.2.2 TRIBUNAL DE NUREMBERG. Siguiendo la historia encontramos otro órgano judicial de importantes implicaciones en la internacionalización de la justicia como fue Tribunal Militar o Tribunal de Nuremberg. 12 BASSIOUNI, Pierre. Estudio Histórico (1919 – 1918). Toulouse: Editorial Novedades de estudios Penales.1999. p. 1 – 44. Debido a los atroces crímenes cometidos especialmente por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial, contra los judíos, los gitanos, y en general contra la población civil de los territorios que ocupaban, llevó a los países aliados a tornar la decisión de no dejar en la impunidad dichos crímenes y con tal fin decidieron crear, mediante un tratado internacional, un tribunal para juzgar a los responsables de tales crímenes. En efecto, el 8 de agosto de 1945, los gobiernos de: Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la unión soviética, suscribieron el acuerdo de Londres, al que posteriormente adhirieron varios Estados, mediante el cual se creó el tribunal militar internacional, mas conocido, por el nombre de la ciudad Alemana en lo que sesionó y dictó su sentencia, como “Tribunal de Nuremberg” 13; el mencionado Tribunal tenía por objeto juzgar y sancionar a los principales criminales de guerra de las potencias del Eje europeo. 1.2.3 EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA Después del tribunal de guerra, nace “el tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia” 14, el cual es otro logro de internacionalizar la justicia penal, se dio a raíz del conflicto que afectó a la antigua Yugoslavia a comienzos de la década de los noventa, como consecuencia, entre otras causas, de los renacimientos de los nacionalismos y los fanatismos religiosos que condujeron a la disolución de la república Socialista Federativa de Yugoslavia. 13 ZAYAS ALFRED, Maurice, El proceso de Nuremberg ante el Tribunal Militar Internacional ( 1945-1946) en los grandes procesos Derecho y poder en la Historia. Barcelona: Editorial Critica Barcelona, 1993. p. 234-255. 14 FERNANDEZ LIESA, Joaquín. El tribunal para la antigua Yugoslavia y el Desarrollo del Derecho Internacional. Madrid: Editorial Golman, 1996. p. 11-44 Se instauro dicho tribunal porque se llego a la conclusión de que se había cometido violaciones del derecho Internacional Humanitario como: asesinatos, depuración étnica, matanzas en masa, torturas, violaciones, saqueo y destrucción de bienes civiles, destrucción de bienes culturales y religiosos y detenciones arbitrarias. 1.2.4 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA Después del tribunal de Yugoslavia, nace “el tribunal penal internacional para Ruanda” 15 , el 8 de noviembre de 1994, debido a que en ese país se habían cometido genocidio y otras violaciones sistemáticas, generalizadas y manifiestas del Derecho Internacional humanitario, en solicitud formulada por el propio Gobierno de Ruanda y habiendo determinado que esa situación constituye una amenaza para la paz la seguridad internacionales, se decidió, establecer un Tribunal Internacional para enjuiciar a los responsables de tales crímenes. Lo anterior es lo que a nuestra forma de ver, fueron los logros que en su contexto histórico, internacionalizaron la justicia penal, y que son los cimientos de la nueva figura jurídica supranacional, como es la CPI.

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