Columnistas

EL INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL

Por Tomas Andres Murcia

Abogado especializado

Consagrado en el titulo XII de la constitución, el cual orienta el manejo económico del País, el artículo 334 el cual señala el marco  de sostenibilidad fiscal como derrotero dentro del cual el  Estado debe intervenir a efectos de organizar su propia sostenibilidad economía, la cual se encuentra a su cargo en procura de garantizar los objetivos que representan la realización de un verdadero Estado Social de Derecho. 

Amparados en las consecuencias de carácter económico que puede representar para las finanzas públicas, algunos fallos judiciales de las altas corporaciones. Se consagro un mecanismo denominado Incidente de Impacto Fiscal, el cual tiene como fin que las sentencias generadoras de grandes efectos económicos para las finanzas públicas puedan ser armonizadas tanto con las políticas económicas publicas como con la ejecución y cumplimiento del fallo mismo.

 

En este sentido también se introdujo una prohibición expresa en lo referente a que bajo la figura del amparo de la sostenibilidad fiscal se pudiera invocar para restringir o negar la protección a los derechos fundamentales. En este sentido se desarrollo en 2013 la ley 1695, la cual regula la figura señalada en líneas anteriores, se plasmaron los requisitos tanto de obligatoriedad en la sustentación de la impetración como los de la admisión y se dejo expresamente señalado cuales son las autoridades intervinientes en lo que se ha denominado Incidente de Impacto Fiscal.

Los objetivos que se pretenden desarrollar en la  nueva figura desarrollada por la ley, es que ninguna autoridad invoque el Incidente de Sostenibilidad Fiscal como una herramienta legal y valida, para afectar el alcance de algún fallo judicial que proteja los derechos fundamentales o que amparados en esta figura se restringa su alcance o se niegue su protección, lo que conllevaría a la desnaturalización del Estado social de Derecho toda vez que al amparo de la protección de las  finanzas públicas se pudieran menoscabar la protección a  derechos superiores.

Es así, que se debe tener en cuenta la priorización de los proyectos de políticas públicas, en las que el gobierno nacional en su Plan Nacional de Desarrollo debe incluir los criterios de sostenibilidad presupuestal a largo plazo. Por cuanto si esto no se hace en debida forma, permite enormes fallas en la estructura tanto económica como judicial y permite retrocesos en la obligatoriedad del cumplimento de los fallos de la justicia, que en este caso atañe a las altas corporaciones.

 

Una pregunta que surge al cabo del nacimiento de la nueva ley es: “en qué medida y proporción  afecta los fallos de las altas cortes las finanzas públicas de la nación cuando sus decisiones generan que altos miembros del gobierno tengan que interponer el Incidente de Impacto Fiscal sobre decisiones judiciales que conciernen protección a los Derechos Fundamentales”?.

 

Al reflexionar sobre los interrogantes que esta nueva figura legal y constitucional ha generado en el escenario de las finanzas públicas, nos encontramos que las autoridades facultadas para ser parte del cumplimiento del fallo que lleva a “alterar” el estado de la economía del País están hallando una escapatoria para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales, tanto así que esta nueva disposición esta tolerando una excusa gubernamental para evadir decisiones que enmarcan protección a Derechos fundamentales.

 

En igual sentido es necesario abordar la modulación que las altas corporaciones le dan a sus fallos cuando afectan directamente la economía, lo que ha llevado a que la interposición del Incidente de Impacto fiscal se constituya en una burla al cumplimiento del fallo mismo. Para abordar más afondo el tema de estudio, es necesario indicar que el incidente de impacto fiscal, es una figura de rango constitucional, adquiriendo tal categoría desde la expedición de carta del 91 y que se desarrollo a través del Acto Legislativo No. 03 de 2011, el cual modificó el artículo 334 de la Constitución Política. El cual Seguidamente, fue reglamentado mediante Ley 1695 de 2013.

 

Sea del caso entonces advertir que el referido Acto Legislativo 003 de 2011 introdujo el principio de la sostenibilidad, definiéndolo como el instrumento que permitiera la consecución de los objetivos del Estado Social de Derecho, dándole prioridad al gasto público. Se dispuso igualmente, en la norma bajo análisis, que la sostenibilidad fiscal debería orientar el cumplimiento de funciones de todas las ramas y órganos del Poder Público.

Para mayor claridad y entendimiento del marco regulador tanto que observamos en la Constitución Política como en la ley que lo desarrollo, veamos textualmente el artículo modificado:

 

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

 

De la norma transcrita  se colige  que el procedimiento, solo puede realizarlo el Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, ante una sentencia dictada por alguna de las altas Cortes Colombiana, cuyo trámite será obligatorio. La norma además atribuye a las Corporaciones de cierre de las respectivas jurisdicciones, el conocimiento del incidente de impacto fiscal,  dependiendo de quien dictó el fallo.

 

Ahora bien, de acuerdo con la ley 1695 de 2013 el incidente debe contener una exposición clara y sucinta de las consecuencias negativas de la decisión judicial en las arcas públicas de la entidad condena,  así como la propuesta para darle cumplimiento para luego de ello decidir si se procede a modular, modificar o diferir los efectos del fallo, sin que puedan verse menguado el núcleo esencial de los derechos fundamentales, se restrinja su alcance o se niegue su protección efectiva. 

 

En ese mismo sentido la norma en comento, establece la necesidad de consultar, antes de proferir una decisión de fondo, los efectos en las finanzas públicas de una eventual condena como quiera que debe solicitar la opinión del Ministro de Hacienda y Crédito Público, en tratándose de asuntos de conocimiento de las altas Cortes, añade además que cuando el sujeto pasivo sea una entidad territorial, el juez al momento de proferir una sentencia que condene a un municipio o departamento, deberá tener en cuenta la capacidad fiscal de la entidad territorial para dar cumplimiento a lo ordenado, para lo cual puede solicitar al representante legal, de la entidad parte en el proceso, que emita concepto sobre los efectos de una eventual condena en las finanzas públicas.

 

Lo anterior, indudablemente no puede ser considerado como un dialogo entre dos ramas del poder público, sino una verdadera restricción  e intromisión a la función de administrar justicia, la cual debería ser autónoma e independiente, imponiéndole además una carga adicional al Juez de crear políticas públicas, función que le corresponde a la Rama Ejecutiva.

 

Así las cosas, el incidente de impacto fiscal es una realidad en nuestro país desde el año 2013, y frente a él solo se dejó prohibición expresa de no trasgredir los derechos fundamentales, además de no proceder cuando se trate de una decisión emitida dentro del trámite constitucional de la acción de tutela.

 

De lo anterior hay que destacar que  permitir que el Estado no responda por los daños que causa a los particulares, agudiza los problemas sociales que enfrenta el país en la actualidad, pues la solución no es eludir la responsabilidad  por la acción u omisión sino evitar precisamente la producción de la misma.

 

Cabe anotar como colofón de este ensayo, el reciente fallo emitido por la Corte Constitucional de Colombia en razón a las acreencias laborales económicas adeudadas a las madres comunitarias que han prestado sus servicios al ICBF. Nos embarga varias preocupaciones encaminadas a dos aspectos a saber: el primero sería si este fallo de tutela es compatible con el resguardo de las finanzas públicas y si las mismas permitirán su cumplimiento (legalidad). Y la segunda es la efectividad de una acción que en principio debía ser de carácter ordinario, tornándose más certeramente de perfil constitucional.

 

La corte baso su fallo cimentándolo sobre la Constitución. El alto tribunal tomó su decisión con base en el artículo 53 de la Constitución Nacional que establece el principio de “primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas”. Es decir, que los hechos fácticos están por encima de las ficciones planteadas por el empleador para ocultar o dejar de pagar la carga prestacional. (Revista semana edición internet). Se cumplirá o no este fallo, cuál será el proceder del gobierno para acatarlo o no, interpondrá incidente de impacto fiscal, o sencillamente el principio de legalidad quedara al garete como ya se ha presentado en otras oportunidades?

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