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EL NEOCONSTITUCIONALISMO” Y SU INICIO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COLOMBIANO: T-406/92

Por Tomás Andrés Murcia

El columnista lo tomo de este texto según la información, PAULO BERNARDO ARBOLEDA RAMIREZ, «El Estado Social de Derecho en la jurisprudencia constitucional» En: Colombia. 2014. Summa Luris. ISSN: 2339-4536 p.18 – 23 v.2

La Constitución Política de 1991 formuló para Colombia el Estado Social de Derecho e incorporó unos principios orientadores del sistema constitucional los cuales se pueden identificar en la sentencia T- 406 de 1992 providencia judicial que es hito de una línea jurisprudencial sobre la principalística de este tipo de Estado; y a partir de la cual tras hacer un análisis juicioso se puede establecer la diferenciación entre principios, valores y reglas.

La labor realizada y que pretendemos mostrar en el presente escrito es la identificación de los principios configuradores del Estado Social de Derecho desde su concepción en la Constitución Política de 1991, pero como entidades tal como se enseña en la providencia judicial hito referenciada en el párrafo anterior. Nuestra pretensión no es dar una definición de lo que es principio y tampoco teorizar sobre la estructura de una línea jurisprudencial, sino identificar para la teoría general del derecho un análisis jurisprudencial sobre los principios jurídicos que fundamentan un campo específico como lo es la fórmula constitucional del Estado Social de Derecho.

Para responder a esta tarea de los principios en el campo planteado, es necesario, primeramente, contextualizar que: Ante los peligros que la democracia enfrentó en el siglo XX (estalinismo, nazismo, fascismo, etc.), surgió, una ola de desconfianza frente al Estado y frente a su capacidad normativa, pues se consideró que éste (aunque se autocalificara de «democrático») no necesariamente provocaba el progreso soñado por los demócratas. Frente a esta desconfianza aparece el Neoconstitucionalismo como la teoría jurídica que elaboró una noción sobre el “derecho” desde una perspectiva en la que la moral se inmiscuye en la órbita del derecho para establecer, en principio, que solamente es “derecho” las normas jurídicas justas.

 

Estado social de derecho – principio eje

 

La expedición de la Constitución Política de 1991 implicó un cambio estructural en el derecho constitucional colombiano.

 

Lo primero que debemos manifestar es que a partir de la sentencia hito T-406 de 1992proferida por la Corte Constitucional, se desarrolla la fórmula del Estado Social de Derecho (establecida en el artículo 1 de la Constitución Política de 1991) y se señalan a los principios constitucionales como la estructura axiológico-jurídica del ordenamiento jurídico colombiano, tal como la Alta Corte Constitucional lo menciona sobre el asunto: “como se señaló anteriormente, los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo. Así, ninguna norma o institución del sistema puede estar en contradicción con los postulados expuestos en los principios” (Sentencia T-406 de 1992).

Así mismo, esta sentencia estableció que los derechos fundamentales, al igual que todas las normas constitucionales, deben ser emanación directa de los valores y los principios constitucionales. Por tal razón, se habla, por ejemplo, de principios o de derechos a la intimidad, a la libertad de información, entre otros.

Por otra parte en esta sentencia se amplía el catálogo de los derechos fundamentales, es decir, que no sólo son derechos fundamentales los establecidos en el capítulo I del título II “Sobre los derechos, las garantías y los deberes en la Constitución Política de 1991”, sino que también son derechos fundamentales los derechos políticos, culturales y económicos y, colectivos o del ambiente, cuando se presentan en conexidad con un principio o con un derecho fundamental; también son derechos fundamentales por criterio de remisión expresa que se establece en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991, los derechos incorporados mediante el bloque de constitucionalidad que contenga mayores garantías que los derechos consagrados expresamente; finalmente, esta sentencia establece que también son derechos fundamentales los contenidos en el criterio del carácter de derecho inherente a la persona consagrado en el artículo 94 de la Carta de 1991.

 

Sobre el catálogo no taxativo de derechos fundamentales que desarrolla la Corte Constitucional en la sentencia T-406 de 1992, se resalta que el derecho a la salud es un derecho fundamental por sí mismo, aunque se consagre en la Constitución como un derecho social. En coherencia con los párrafos precedentes, en los cuales se mencionó que los derechos fundamentales son el ejemplo más claro de principios dentro del sistema normativo, se subraya que éstos derechos fundamentales se constituyen como “otro de los pilares del Estado social derecho”, ya que el otro pilar son los principios y los valores constitucionales.

Pues bien, la Corte Constitucional, en esta importante sentencia de tutela, sostiene que el Estado Social de Derecho es el principio eje de todo el sistema normativo. A manera de complemento histórico de la denominación de Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991, brevemente se menciona que este modelo de Estado tuvo su antecedente en el constitucionalismo de los primeros años del siglo XX con el desarrollo del constitucionalismo social que se inició con las constituciones de Querétaro en 1917 y de la República de Weimar en 1919; asimismo, el antecedente más cercano a la realidad jurídica del país se encuentra en la Ley 200 de 1936 o llamada coloquialmente “Ley de tierras”, en la cual el Gobierno de Alfonso López Pumarejo incorporó la función social de la propiedad.

 

Claras así las ideas, es importante adentrarnos a la identificación de los principios constitucionales del Estado Social de Derecho; sobre el particular la jurisprudencia constitucional sobre la materia inicia con la sentencia hito T-406 de 1992, la cual es fundadora de la línea jurisprudencial que se desarrolla con otro sinnúmero de sentencias, para llegar al desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho, los cuales se encuentran consagrados en el preámbulo, en el artículo primero y en el título II de la Constitución de 1991. Estos principios son: la dignidad humana, la solidaridad social, la justicia distributiva, la igualdad, la separación de poderes, el pluralismo político, la prevalencia del interés general, el principio democrático, entre otros. Por consiguiente, de conformidad con la fórmula del principio del Estado Social de Derecho que se plasmó en el artículo 1 de la Carta de 1991, se destaca que dicho principio esencial orienta a otros principios y a las reglas constitucionales hacia el desarrollo del contenido material/social de Derecho.

 

En relación con lo anterior y sin intención de estudiar principio a principio, consideramos importante reflexionar sobre dos (2) en particular: el principio democrático como transversal al Estado Social de Derecho; el que a su vez se halla intrínseco en los principios de la igualdad y de la libertad como configuradores del Congreso de la República, es decir, como principios determinantes del correcto funcionamiento de la democracia electoral representativa, al facilitar la igualdad y la libertad de ejercicio del derecho político a elegir y ser elegido. También se debe destacar que en el Congreso se involucran en las actividades legislativas los principios mayoritario, minoritario y de la publicidad como garantes del sistema político, al permitir el pluralismo y, por ende, la participación de todos los miembros de la sociedad en la toma de las decisiones trascendentales para el desarrollo viable del país.

De esta forma, lo afirmado anteriormente encuentra respaldo en el ordenamiento colombiano a través del artículo 1 C.P., disposición que define a Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista, precepto que guarda perfecta coherencia con el artículo 3 C.P. que reconoce al pueblo como soberano exclusivo del cual emana el poder público.

De la mano del principio democrático, se identifica el pluralismo político que se incluye en el preámbulo de la Constitución Política de 1991 como principio orientador de la misma, entendiéndose por este, las diversas ideologías políticas que comparten un mismo escenario político de manera complementaria o de manera antagónica, dentro de un ambiente propicio de tolerancia, respeto por el pensamiento diferente y de compromiso con el desarrollo de un programa político en particular o en común. Así, estas interacciones políticas se presentan sin que estas diversas posiciones se eliminen entre sí.

 

No obstante al detenimiento en el principio democrático y el del pluralismo contenido en el modelo de Estado Social de Derecho, se resalta la trascendencia de todos los principios identificados en este trabajo como la base sobre la cual se edifica, se ordena y se armoniza el sistema normativo. En otras palabras, se puede observar después de analizar la Sentencia T- 406 de 1992,la estructuración de los principios constitucionales como los pilares axiológico-jurídicos del ordenamiento jurídico colombiano.

Finalmente, debemos afirmar que sin los principios, el ordenamiento jurídico carece de guía.

 

Las entidades de: Principio, Valor Y Reglas

 

En la sentencia T-406 de 1992, la Corte Constitucional diferencia entre valor, principio y regla. En consecuencia, la Alta Corte define al “valor” como el objetivo o la meta del Estado; “principio” como la disposición abstracta que enuncia supuestos fundacionales y axiológicos que se incorporan al ordenamiento jurídico; y a la “regla” como aquella disposición que tiene una consecuencia jurídica y que cuenta con una estructura de aplicación en concreto a un determinado supuesto de hecho.

 

Para profundizar sobre estas definiciones, se trae a colación el siguiente argumento:

 

Los valores son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; los principios son normas que establecen un deber ser especifico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. Como se observa, todas estas disposiciones son eficaces, es decir, generan cambios en el ordenamiento jurídico; sobre la eficacia de la “regla” ésta es directa, es decir, que se aplica sin mediación alguna al caso concreto. Algunos ejemplos de reglas constitucionales son las siguientes: la regla de la división del territorio, los estados de excepción, las calidades para ser elegido Presidente de la República de Colombia, entre otros (Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992).

 

En lo tocante a la eficacia de los principios, la Corte Constitucional sostiene que por regla general la eficacia es indirecta porque los principios “rara vez” se aplican al caso específico, ya que su principal labor es servir de guía hermenéutica de las disposiciones con carácter concreto dentro del ordenamiento jurídico; un ejemplo de esta eficacia indirecta se presenta cuando la Alta Corte se encuentra frente a la colisión entre los principios de la libertad de cultos y la vida de un testigo de Jehová que requiere una transfusión sanguínea y no lo permite porque su creencia religiosa considera este procedimiento médico como un pecado.

 

Sobre los principios, la sentencia menciona que junto a la eficacia, la presentan de manera directa cuando hay un vacío en el ordenamiento jurídico: Los principios, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son aplicables a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales.

De manera similar, la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza normativa sino de grado, de eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en que ganan generalidad aumentan su espacio de influencia pero pierden concreción y capacidad para iluminar el caso concreto (Corte Constitucional. SentenciaT-406 de 1992).

En este orden de ideas, la sentencia T-406 de 1992 es una providencia hito a partir de la cual se establece claramente la naturaleza jurídica de las disposiciones constitucionales señalando que en la Constitución Política de 1991 hay principios, valores, reglas.

 

Conclusiones

 

Resulta claro que del análisis de la sentencia T-406 de 1992 proferida por la Corte Constitucional colombiana, se logra identificar los principios contenidos en el modelo de Estado Social de Derecho. A partir de esta decisión jurisprudencial se pudo establecer el principio del Estado Social de Derecho como la noción fundante y la raíz última de toda hermenéutica en la Carta de 1991, es decir, lo instituye como principio eje del ordenamiento jurídico.

La fórmula de Estado Social de Derecho se plasmó en el artículo1 de la Constitución Política de 1991 en desarrollo de los principios enunciados en el preámbulo. En tal sentido, se afirma que los principios constitucionales son la estructura axiológico-jurídica del sistema normativo colombiano. De esta manera, la adopción del Estado Social de Derecho en la expedición de la Constitución Política de 1991 implicó uno de los cambios estructurales más trascendentales del derecho constitucional colombiano. Así, el Estado Social de Derecho es desarrollado en la sentencia T-406 de1992, en la cual se sostiene que este principio cardinal tiene dos pilares fundamentales: el primero hace referencia a los principios y a los valores constitucionales que se decantan del principio del Estado Social de Derecho; el segundo pilar se refiere a los derechos fundamentales, que al igual que todas las normas constitucionales, deben ser emanación directa de los valores y los principios constitucionales.

 

Como se anotó en el trabajo, la sentencia T-406 de 1992 amplía el catálogo de los derechos fundamentales, es decir que no solo lo son los establecidos en la Constitución Política de 1991, capítulo I del título II sobre los derechos, las garantías y los deberes, sino también los derechos de segunda y tercera generación cuando se presentan en conexidad con un principio fundamental.

Se aprecia entonces que en la jurisprudencia constitucional se trabaja sobre el Estado Social de Derecho desde su fundamento en el principio universalísimo o sumo:“el derecho debe ser justo y su aplicación equitativa”. Este principio máximo irradia a los demás principios orientadores del ordenamiento jurídico.

 

Finalmente, se encontró que en la sentencia T-406 de 1992, la Alta Corte sostiene que los principios presentan una eficacia directa cuando hay un vacío en el ordenamiento jurídico. Por esta fuerte razón no puede entenderse un estudio del derecho por el derecho (derecho-ley), sino que debe entenderse un estudio del derecho por los principios (la Constitución Política de 1991 adhiere al Neoconstitucionalismo) que son la base axiológico-jurídica del ordenamiento jurídico.

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