Entrevistas

Entregan medidas de compensación por represa de El Quimbo

Claudia Victoria González expresó que debe presentar un informe sobre cada uno de los predios

¿En qué consisten las medidas adoptadas por la ANLA en torno al proyecto hidroeléctrico de El Quimbo?

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ: Es un paquete de medidas entre las que me gustaría destacar las siguientes: la primera es que Emgesa, la operadora del proyecto, debe garantizar el suministro de agua para todas las parcelas adecuadas en el reasentamiento de San José de Belén. Esta medida busca asegurar la reactivación económica de esta población. Segundo, la empresa debe presentar el listado del censo de pescadores afectados por el desarrollo del proyecto con el fin de definir las estrategias de compensación a la comunidad. La firma debe cumplir en el término de dos meses.

 ¿Y en el caso de los predios?

En más o menos un mes la empresa debe presentar un informe sobre cada uno de los predios que han sido escriturados, esto tiene que ver con los reasentamientos Llanos de la Virgen (Vereda Escalereta) en el municipio de Altamira, Santiago y Palacio en el municipio de Garzón, Montea en Gigante y San José de Belén en el El Agrado. Adicionalmente, Emgesa debe presentar medidas encaminadas a formar a la comunidad en capacidades productivas con el fin de subsanar el impacto por pérdidas de empleos, generadas por la operación del proyecto.

Al gobierno y la comunidad del Huila les parecen insuficientes estas medidas, ¿por qué no se fue más allá?

No son insuficientes. Como puede verse son medidas que tienen en cuenta en primer momento a la población, también a la fauna y el agua. Quizá mucha gente presentó inconformidades en relación con el proyecto que no son de nuestra competencia, por tanto, la entidad dio traslado a las entidades responsables.

¿Cómo esas medidas benefician a la comunidad?

Garantizar el suministro del agua, la capacitación para el trabajo y la protección de la fauna son elementos que impactarán positivamente a la comunidad. Esta es una decisión que tuvo en cuenta muchas aristas, pero todas ellas tienen como norte la comunidad impactada por el desarrollo del proyecto.

Después de estas medidas, ¿qué sigue en el caso El Quimbo?

Se hará un trabajo de seguimiento riguroso. Las medidas consideran un plazo de uno o seis meses, así que se hará un trabajo dinámico alrededor del desarrollo del proyecto. Es importante precisar que durante el seguimiento se pueden imponer las medidas adicionales que sean necesarias.

¿Cuál es la postura de la Anla ante las consultas populares por temas mineros?

Son un mecanismo democrático que nos merece todo el respeto y estamos atentos a lo que está pasando en ese sentido. No tenemos competencia sobre el mecanismo en particular.  Sin embargo, lo que sí puedo decirle es que los licenciamientos tienen unos fundamentos técnicos que buscan el desarrollo sostenible. La entidad está desarrollando herramientas que permitan fortalecer la participación ciudadana y que la comunidad esté enterada sobre los proyectos, los entienda, conozca a sus responsables y despeje las dudas que tenga.

¿Cuáles son esos escenarios de participación?

La socialización de los proyectos con las comunidades de las áreas de influencia durante la elaboración de estudios, las audiencias públicas durante la construcción y operación de los proyectos licenciados. Adicionalmente hemos aumentado los canales de comunicación a través de Youtube, Facebook y Twitter, ampliando la información de las actividades en la página web, entre otros.

Existe la percepción de que la Anla es laxa en la adopción de medidas. ¿Cuál es la realidad?

Las decisiones de la Anla se ajustan al rigor técnico. La entidad realiza verificaciones regionales y evaluación de impactos ambientales acumulativos para tomar la decisión de otorgar o no una licencia ambiental. También durante el seguimiento se pueden imponer medidas adicionales, restringir vertimientos, concesiones, entre otros. La autoridad ambiental hace un proceso completo y está generando pilotos de redes de monitoreo para las áreas licenciadas.

 Más allá de las licencias a cargo de la Anla, ¿cuál cree que es uno de los mayores problemas ambientales del país?

La minería ilegal. Es devastadora con los ecosistemas y me causa curiosidad que las comunidades y otros actores se hayan acostumbrado a convivir con ella. Y hay que discutir también el impacto que tienen sobre el medio ambiente las actividades de los sectores no regulados como el sector agroindustrial. Estamos en mora de realizar ese debate.

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