Han pasado seis siglos desde que esa fórmula, aplicada con anterioridad a la democracia, la república y la división de los poderes, sabiamente acertaba al permitir el cuestionamiento razonado de las órdenes y normas, pero también al consagrar el cierre de la discusión cuando la autoridad suprema investida entonces en el rey -hoy en la Corte Constitucional- definía la cuestión. Ahora, con motivo de la sanción presidencial de la ley estatutaria de la JEP, se está retrotrayendo la discusión sobre el órgano de cierre a etapas anteriores a la existencia del control de constitucionalidad de las leyes.

La ministra del Interior fue la primera en anunciar que el presidente Duque podría objetar la ley por inconveniencia ya que al tratarse de una ley especial tramitada bajo el mecanismo del fast track del acuerdo de paz del Colón, ya fue objeto de control de constitucionalidad automático. Después terció el fiscal general quien quiere hacer valer por la vía de la inconveniencia algunas tesis que la corte no encontró acordes con la Constitución. La polémica arrecia, pues no son pocas las voces cercanas al Gobierno que abogan por la objeción presidencial, fundada en la inconveniencia para el país, de aquello que la Corte Constitucional encontró apegado a derecho.