Nota Política

¿Reforma Electoral Especial nació muerta?

La Misión Electoral Especial presentó ya su primer borrador, tal y como quedó pactado, para que el Gobierno y los partidos construyan la Reforma Electoral.

Sin embargo, hay varias propuestas que ya han generado polémica en el país por las implicaciones que traería su implementación. Ya se comenta que las iniciativas nacieron muertas, pues no gustaron desde el primer momento.

Como primera medida la Misión propone la creación del Consejo Electoral Colombiano y una Corte Electoral. Estas serían las bases para modificar de tajo el sistema. Esto incluye la eliminación de la Registraduría y la modificación del Consejo Nacional Electoral, organismos que han sido cuestionados en los últimos años aunque hay voces que han entregado su respaldo.

Según el texto que se presentó, “el Consejo Electoral Colombiano entraría a cumplir las funciones del Consejo Nacional Electoral, a cargo de una directiva de cinco miembros de origen no partidista, elegidos para un período de ocho años, con equilibrio de género, a través de ternas y posteriormente por cooptación”. Ese mismo Consejo asumiría las funciones electorales que actualmente tiene la Registraduría.

La sección quinta del Consejo de Estado también desaparecería y sería reemplazada por la Corte Electoral para resolver los temas electorales según la necesidad, como en los temas de pérdida de investidura y asuntos relacionados. “Habría seis tribunales regionales con tres magistrados de carrera y, a nivel nacional, cinco magistrados también sin origen partidista, con las mismas condiciones en cuanto a tiempo y escogencia que los del Consejo Electoral Colombiano”, dice la propuesta.

Además de estos, también se propone un revolcón para el Congreso de la República para que el Senado sea de circunscripción nacional, pero con listas cerradas para reducir los costos de las campañas. En la Cámara se propone ampliar las curules a 200 para que haya mayor representación departamental sobre todo de las regiones. En este punto hay bastante polémica por los costos que acarrearía esa decisión.

La financiación de campañas sería con mayor participación del Estado para evitar la corrupción y poner un tope a los gastos con una vigilancia especial para evitar las violaciones.

Consejo de Estado

Sin embargo, estas iniciativas generaron de inmediato críticas por parte del Consejo de Estado, a tal punto que obligó al tribunal a pronunciarse de manera oficial en relación con la creación de un Organismo Jurisdiccional Electoral en los términos planteados por la Misión Electoral Especial.

En un comunicado, la entidad expresa que “el punto dos del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera habla de una reforma al Sistema Electoral en procura de garantías para la actividad proselitista y la pureza del sufragio, pero no de reformas a la Rama Judicial y al control judicial electoral, para asignar su ejercicio a un órgano externo a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por la vía del fast track, que puede resultar inconstitucional, además de inconveniente y constituirse en un resquebrajamiento del orden institucional”.

Expresa el tribunal que es inconstitucional, y esboza las razones: “las normas expedidas por esa vía deben tener relación directa y necesaria con lo pactado en el Acuerdo, y la jurisdicción electoral no es uno de esos aspectos. El Acuerdo, en lo que hace a la Rama Judicial, solo se refiere a la justicia especial para la paz, como mecanismo transitorio y excepcional, y a la justicia agraria”.

Asimismo lo declaran como inconveniente y anotan en el texto del comunicado, “inconveniente, porque dado su origen partidista no garantizaría la neutralidad, objetividad, independencia e imparcialidad, que, en cambio, son consustanciales al órgano judicial”.

Expresan además que “la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene un índice de cumplimiento de términos del 95% y, en lo que resta, superar la mora depende de cambios en normas legales y no de crear nuevos organismos o de falta de diligencia”.

Frente a la pérdida de investidura dicen que “la modificación propuesta para el trámite y decisión de la pérdida de investidura para los congresistas, proceso de carácter sancionatorio que no tiene naturaleza electoral, carece de justificación: fue explícita la decisión del Constituyente de 1991 de encargar este asunto a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con exclusión de cualesquiera órganos de origen político, por razones obvias”.

Recomendaciones

Pero al mismo tiempo, el Consejo de Estado hace algunas recomendaciones de reforma, “Reformar el Código Electoral en puntos tales como: avales, inscripciones, residencia electoral y funcionamiento de los partidos. El Consejo de Estado ha entregado a diferentes instancias el proyecto correspondiente”.

Acotan además que “Reformas normativas que permitan la firmeza de inscripciones, avales y juicios de inhabilidades para antes de los procesos electorales”.

Consejo Electoral  y Registraduría

En la organización electoral no han sido bien recibidas las propuestas que hizo una Misión Especial para modificar el sistema electoral colombiano, específicamente la de fusionar la Registraduría Nacional.

El magistrado Alexander Vega señaló algunos reparos y dijo que “de primera mano, vemos que no se pueden fusionar las actividades técnicas con las administrativas”, quien observó además que la Registraduría lleva más de 60 años cumpliendo unas funciones que son reconocidas por el país y en el exterior.

El Consejo divulgará la semana entrante los comentarios definitivos sobre las propuestas de la Misión Electoral, que también han sido controvertidas por académicos y políticos.

Uno de los entes que saldría afectado con esta eventual reforma sería la Registraduría Nacional. Sobre el particular, el registrador Juan Carlos Galindo manifestó que “lo que entendí en todas estas recomendaciones era fundir la Registraduría con el Consejo Nacional Electoral. Yo sí defiendo la Registraduría Nacional del Estado Civil como institución, la que le ha dado al país todos los procesos electorales transparentes, obviamente sujetos a mejoramientos y fortalecimientos”.

Resaltó el Registrador que “creo que tanto la Registraduría como el Consejo Electoral, cada uno debe tener sus funciones separadas, porque están dirigidos a dos aspectos fundamentales, la Registraduría a organizar procesos electorales, y el Consejo Nacional Electoral a apuntar a la vigilancia y control de los partidos políticos”.

“Sería un cambio institucional muy drástico y además estamos a doce meses de las elecciones del 2018, lo cual sería inconveniente para el país”, dijo.

Galindo explicó que si las funciones se separan en dos instituciones, se duplicaría mucho la burocracia, se multiplicarían los costos y las dificultades de interacción 

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