Noticia del día

También tenemos la ilusión de la paz.

Texto de las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la instalación del Congreso de Fedegan.

 “Muy estimados ganaderos de Colombia, permítanme dirigir a ustedes unas palabras sobre los Acuerdos de La Habana

Yo pienso que la campaña del Sí fue una campaña de ilusiones, la ilusión de la paz que todos compartimos; la campaña del NO fue una campaña de razones, profundamente respetuosa con la aspiración y con los sentimientos de los compatriotas del Sí.

Cuando los comités del sí se gastaron casi 13 mil millones de pesos, los comités del No se gastaron 2 mil millones, esto sin sumar las casas gratis, los proyectos de regalías, la presión a los alcaldes y a los gobernadores.

En un solo canal de televisión los comités del sí tuvieron 134 cuñas publicitarias; los del NO tuvieron 11. Una campaña difícil.

Ese viernes antes de elecciones en esta ciudad de Barranquilla me abordaban temprano los periodistas a preguntar mi opinión sobre lo que acababa de decir Su Santidad a favor del plebiscito; el presidente Obama -tan querido en Colombia- país que ha contado con la opinión pública más amistosa con los Estados Unidos en el contexto latinoamericano; la ONU, la Unión Europea, los vecinos de Suramérica, todos apoyando el Sí en el plebiscito, quizás muchos de ellos sin darse cuenta de las implicaciones de estos textos que amenazaban y todavía hay amenazas al futuro de la democracia colombiana.

Cuando ganó el NO todos los que estábamos en esa coalición nos dimos a la tarea de contribuir a tener un acuerdo nacional, lejos estuvo de nosotros la ufanía, simplemente entendimos que el mandato del No no era un rechazo a la paz sino la expresión de la necesidad de modificar esos acuerdos.

El Gobierno hizo algunas modificaciones. Negó algo bien importante,  ofreció que al recibir nuestras propuestas las examinaría con las Farc y volvería a reunirse con los del NO para discutirlas. Lo mínimo que debieron ellos hacer, simplemente nos notificaron que habían llegado con las Farc a un acuerdo definitivo que no admitía modificaciones y lo que nos dice el Ministro es que ellos no podían estar en una negociación indefinida. Nadie pidió eso, simplemente pedimos un Acuerdo Nacional de construcción de opciones sobre temas difíciles.

El tema de justicia, hablemos del órgano y de la impunidad.

La justicia colombiana necesita mejoramiento, reformas pero aquí la sustituyen con este órgano. Nos han dicho que introdujeron modificaciones porque ya los jueces del tribunal de justicia transicional serán colombianos, pero subsisten los temas de mayor preocupación.

Veamos:

Ese órgano sustituye a la justicia colombiana, ese órgano se origina en un grupo que es el mayor cartel de cocaína del mundo y ha cometido innumerable cantidad de actos terroristas. ¿Qué garantía es eso para la democracia colombiana?

Yo no quiero fatigarlos a ustedes ahora con el examen punto por punto, la tutela, los recursos, etcétera, pero miren, hablemos de los tiempos, dan dos años para proponer denuncias, 10 años para hacer acusaciones, crean una Fiscalía paralela, autónoma para acusar colombianos.  Esos 10 años pueden ser extendidos por otros cinco, van 15 y puede haber otra extensión. ¿Qué va a pasar?

Durante todos esos años sustituyen a la justicia colombiana, el país va a vivir en vilo, pendiente de las decisiones de ese tribunal, van a olvidar presupuestalmente en el interés de la opinión a la justicia colombiana.

Ese tribunal está hecho a la medida de las Farc, a las Farc le basta el reconocimiento colectivo y la confirmación individual de sus crímenes para obtener toda la impunidad, eso lo puede hacer en semanas.

¿Pero qué le va a pasar a los militares y a los civiles? Pendientes de lo que ese tribunal y sus órganos decidan durante más de 15 años, eso es poner en entredicho el futuro democrático, crearle toda la desconfianza a los colombianos.

Resulta que cuando todavía hay 600 secuestrados por las Farc, que están desaparecidos, de quienes nada se sabe, cuando apenas han regresado a unos pocos de los 11 mil 700 niños reclutados, cuando están probados 6 mil 800 casos de violación de mujeres este grupo es el que le impone la justicia a Colombia, y entonces tienen que comparecer como victimarios a ese tribunal los militares y los civiles de Colombia. ¡Qué grave!

El Gobierno ha dicho que hay una solución para los militares, permítanme decir que nosotros no la vemos, porque los halagan con el tema de que sus delitos pueden caber en lo que se llama el marco del conflicto y que con eso podrán salir de la cárcel y someterse al tribunal. ¿Pero qué ocurre? Por ejemplo en el caso de personas que salgan de la cárcel no condenados, acuden al tribunal y tienen dos opciones: una opción, exponerse al juicio del tribunal con el albur de que el tribunal los absuelva o los condene; y la otra opción para evitar ese riesgo, reconocer un delito así no se hubiera cometido a fin de no ir a la cárcel.

¿Ustedes se imaginan el precedente tan grave para Colombia? ¿Ustedes se imaginan el precedente tan grave para el honor militar?

Eso va a llevar a que los militares tengan que mentir en aras de la libertad y a que entonces un conjunto de delitos no cometidos y reconocidos tipifiquen el cuadro bien distinto a como ha sido en nuestra democracia, retraten al país como una dictadura con violación sistemática de Derechos Humanos.

¿Y qué va a pasar entonces con la memoria histórica de la Nación?

Uno de los grandes errores que ha tenido este proceso, es que ha creado unos falsos imaginarios sobre Colombia en la comunidad internacional,  a la comunidad internacional se le ha hecho pensar que nuestras  Fuerzas Armadas son las fuerzas de las dictaduras que tuvieron Pinochet o Videla o las dictaduras centroamericanas, las nuestras han sido las Fuerzas de la  democracia.

A la comunidad internacional se le ha hecho pensar que el problema de Colombia es el problema de nuestra  democracia, cuando nuestra democracia lo que ha hecho es vivir en permanente perfeccionamiento y poder tener la virtud y la capacidad de enfrentar los desafíos del terrorismo y el narcoterrorismo.

Cuidado con esto, estimados ganaderos.

A la comunidad internacional se le ha hecho pensar que la pobreza y la desigualdad de la distribución del ingreso en Colombia obedece a la empresa privada, no es así, al contrario, donde hay empresa privada en Colombia hay seguridad social, hay  trabajo formal, hay quien pague impuestos. Donde hay cordones de miseria, es porque no hay empresa privada.

Algo que hay que decirle al mundo con claridad, es que la culpa del problema social de Colombia no ha sido  de la  empresa privada sino de la falta de empresa privada y que justamente lo que reclamamos es que estos acuerdos no pueden constituirse en amenazas a la empresa privada, porque este país, no obstante el tradicional buen manejo de la economía, ahora bastante afectado, este país ha tenido una serie de dudas para permitir largos pedidos de  promoción de la empresa privada, ha sido la política colombiana una expresión de defensa vergonzante de la empresa privada, algo que le ha faltado  al país  es claridad en la defensa de la empresa privada y claridad para promoverla a partir del principio de que es lo único que construye equidad, de que es lo único que formaliza la economía, de que es lo único que permite superar la pobreza. Hay que luchar contra esos imaginarios distorsionados que le han vendido a la comunidad internacional, como el de los militares.

Nosotros seguimos en la idea de que se necesita una solución distinta para las Fuerzas Armadas de Colombia, por eso insistimos en la tesis de una libertad condicional e insistimos en la tesis de instancias; insistimos en la tesis de procedimiento de revisión, que le permitan a los militares sancionados luchar por la recuperación de su honra.

Los civiles,  el vicepresidente (German) Vargas Lleras, expresó en algún momento, que este tribunal no debería tener competencia sobre los civiles , yo diría, tampoco sobre los militares, que le resuelva el problema a las Farc, que lo resuelva en semanas, y que no digan que se está pidiendo impunidad para civiles ni para militares.

Colombia, sus civiles y sus militares han todo lo que tienen, lo que se ha llamado Plinio Apuleyo, ‘la guerra jurídica de la extrema izquierda que ha defendido al terrorismo’, lo que no podemos es que la historia se cambie, que la realidad se trastoque y que entonces  ahora aparezcan los victimarios imponiendo las reglas de justicia y los civiles y militares que han defendido esta democracia sometidos a las reglas de los victimarios y sus condenas.

El tema de la justicia, en la parte sustantiva, trae impunidad total.

El Gobierno ha dicho que atendió nuestras sugerencias. No, simplemente unas restricciones a la movilidad, que es la sanción y a la Presidencia la expusieron ahora explícitamente, pero cabían en la competencia del juez, en el primer acuerdo, nada se hizo, se dijo, se sigue diciendo lo mismo, óigase bien: que si un criminal responsable de delitos atroces acude a ese tribunal y confiesa, reconoce el delito, no tiene cárcel, simplemente le restringen la  movilidad y la vivienda, con algunas condiciones y simultáneamente goza de elegibilidad política.

Nosotros dijimos, hombre, por favor, eso además de crearle muchas contrariedades al futuro de este acuerdo, además de violar tratados internacionales como la visión de Colombia a la Corte Penal Internacional o a la Convención Americana de Derechos Humanos, genera mal ejemplo. ¿Qué le vamos a decir las nuevas generaciones, al Eln, a los disidentes de las Farc? ¿Qué se le va a decir las 3 mil 500 bandas criminales que hay en Colombia? Pero eso no  se atendió.

Dijimos: que hayan condiciones de reclusión, que sí que el  período sea  corto, de 5 a 8 años, que hayan condición de reclusión penitenciarias, así sean en colonias agrícolas, en la misma zona de concentración, eso no se aceptó. Pero además, los que sean sentenciados a tener esa restricción de vivienda o movilidad, el juez podrá darles todos los permisos para que ellos estén caminando por el país.

Ese tipo de sanciones son además inaplicables porque el artículo 36 les da el derecho a la elegibilidad, simultánea, sin cumplir con la sanción. Colombia aquí no solamente está deshonrando su tradición en esta materia sino que está yendo más allá de lo que ha sido la flexibilidad de algunas legislaciones democráticas.

En España, por ejemplo, es un caso excepcional donde se permite que la persona condenada por delitos atroces pueda ser elegida, pero después de cumplir la pena. Aquí se está pasando de la flexibilidad a la permisividad, autorizando la elección de estas personas incluso sin cumplir la pena.

Lo que hace inaplicable este tipo de penas: ¿Cuál  restricción de libertad y de residencia si la persona va a estar en el ejercicio de una representación política? Además es simbólica, violatoria del Estatuto de la Corte Penal internacional, violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese tipo de penas en Colombia son accesorias nunca han sido principales. ¿Y qué se le va a decir a los 138 mil presos colombianos que hoy están en la cárcel por delitos en promedio menos graves que los delitos de  las Farc?

Y alguien dice, no, es que sin esa impunidad no hay paz ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo grave es que siempre que se sienta el Gobierno a negociar con criminales hay que decir no, sino aceptamos esto no hay paz, pero no se ha pensado que esa aceptación de la total impunidad es lo que reproduce la violencia, eso crea el mal ejemplo que multiplica la violencia, eso va a llevar a que el país nunca pare, nunca le ponga punto final a todos estos grupos que incurren diariamente en delitos, hasta que obtienen en algún momento, cuando lo desean, total impunidad.

¿Acaso el país no desmovilizó 35 mil paramilitares, 18 mil guerrilleros entre 2002 y 2010 y los cabecillas tuvieron que ir a la cárcel por periodos entre 5 y 8 año, y muchos de ellos extraditados y no se les dio el derecho de elegibilidad política?

Y quienes reclamaban en esa época y con razón que 5 u 8 años de cárcel para cabecillas paramilitares era muy poco, tenían razón, son ellos mismos quienes ahora dicen que las Farc no deben de ir un día a la cárcel.

Y me preguntan los periodistas internacionales: ‘¿pero usted como pretende que haya paz si tienen que ir a la cárcel?’  Y uno les contesta, pero en España han logrado la paz y han tenido que ir a la cárcel. ¿Por qué aquí vamos a dar ese mal ejemplo y a crear esa vulnerabilidad al futuro de Colombia?

Y viene el tema de la elegibilidad, incluso lo que yo llamo la coalición del NO, aceptó que fueran elegibles aquellos responsables de delitos atroces pero después de pagar la pena. Yo que no estaba de acuerdo con esto dije bueno acepto esto que ustedes proponen en aras de facilitar el acuerdo, ni en eso quiso avanzar el  Gobierno.

Yo lo dejo simplemente a la consideración de ustedes.

El tema del narcotráfico. ¿Por qué este país que ha sufrido tanto el narcotráfico tiene que aceptarlo como delito político? ¿Qué le vamos a decir a las nuevas generaciones y al mundo con el narcotráfico, en el caso de las Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo como delito político?

Nosotros hemos dicho que no sea el narcotráfico reconocido como delito político. Si se quiere, por las circunstancias en que los vincularon a la rebelión que se les dé un alivio judicial, pero sin considerarlo como delito político.

Y entonces el Gobierno ahora dice que la modificación es que un juez lo considerará caso a caso, perdón, eso estaba, eso se deducía del primer acuerdo, ahí no ha habido modificación, es otra imprecisión que el Gobierno le ha comunicado al país.

¿Pero ustedes creen que eso va  funcionar?

Mire cómo es el proceso: un grupo de Farc acude a donde un juez y le reconoce, en reconocimiento colectivo, que ese grupo incurrió en narcotráfico para financiar la rebelión, eso es suficiente para aceptarles que el narcotráfico, en el caso de ellos, fue delito político, que no va a haber sanción, que no hay extradición y que hay elegibilidad política.

Entonces, dice, no, pero es que además del reconocimiento colectivo cada uno de los individuos que integraron el grupo tiene que ir a presentarse a donde el juez.

¿Ustedes creen, mis estimados compatriotas, que alguno de esos grupos va a decir que en su caso individual no estaba en el narcotráfico para financiar la rebelión? Yo creo que al país tampoco lo pueden tratar de ingenuo, a mí me parece que lo que hay allí es una cosmética y un engaño y que se ha buscado el excusado que todos estos individuos de las Farc que integran el cartel de cocaína más grande del mundo, queden absueltos también en materia de narcotráfico como quedan absueltos en todos los delitos de lesa humanidad.

Y el país tiene hoy 150, 170 mil hectáreas de droga y hay cifras de la Fiscalía: aproximadamente 75 mil familias colombianas vinculadas a la droga, y están los grupos disidentes de la Farc y Eln, y 3 mil 500 bandas criminales girando alrededor de la droga. ¿Qué va a pasar con ellos? Esta impunidad a la Farc, este reconocimiento al narcotráfico como delito político, se convierte en un acicate para que se siga reproduciendo y multiplicando eso criminalidad.

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También tenemos la ilusión de la paz.