El parlamentario conservador Juan Diego Gómez señala cuáles son las prioridades en lo que resta del periodo. Está de acuerdo con reforma parcial a Ley de Garantías y traslado exprés pensional. Dice que rebaja salarial o recorte del Congreso son temas más de una constituyente y urge blindar reforma a la Policía
EL NUEVO SIGLO: Aprobada la ley de Inversión Social y restando solo las plenarias para la de Presupuesto 2022 ¿Cuáles pasan a ser las prioridades en lo que resta de la legislatura?
JUAN DIEGO GÓMEZ: Además del Presupuesto General de la Nación, la prioridad es claramente la Ley de Transformación y Modernización de la Policía y la Ley del Estatuto Disciplinario de la Policía. También, la Ley de Acción Climática que nos pone (gracias a la iniciativa del presidente Duque y la coautoría de varios congresistas) en el primer puesto de la agenda ambiental a nivel mundial. Y, precisamente, en días previos a la convención de Glasgow resulta muy pertinente este asunto. Y en tercer lugar, la ley que regule y reglamenta la manifestación pacífica, una norma estatutaria que regula el artículo 37 de la Constitución.
ENS: ¿Cómo evitar que un tema tan delicado como la reforma a la Policía termine contaminado por el agitado trasfondo político y electoral?
JG: Hay que hacer grandes esfuerzos, hay que cuidar mucho nuestra Policía Nacional, a nuestros héroes de la patria.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo suprapartidista, un esfuerzo para cuidar los principios y valores del pueblo colombiano y de una institución centenaria. Buscar las mejores maneras de aceptar las proposiciones que sean constructivas, que nos garanticen una Policía cercana a los ciudadanos, con mayores controles y exigencias, como son la Body Cam que deben portar cada uno de los miembros que están de vigilancia, la identificación del código QR y también la dirección de Derechos Humanos que será ejercida por un civil. Una Policía que tenga estándares internacionales en manejo y protección de derechos humanos.
ENS: ¿No deberían aprovecharse estos casi seis meses de trabajo efectivo parlamentario para tramitar alguna de las grandes reformas pendientes?
JG: ¿Pero cuáles? Ya se hizo la reforma tributaria que, además, fue sumamente exitosa. Una reforma que no solo parte del esfuerzo inicial del Gobierno en la lucha contra la evasión y la elusión tributarias, así como por el ahorro del gasto público, sino que también parte de la solidaridad de los empresarios. Una reforma que va directamente a ayudar a la mayoría de colombianos en condiciones económicas precarias, que enfrenta el aumento de la línea de pobreza en el país, y nos permite intervenir casi 15 millones de familias en todo el territorio nacional, a través de los programas Matrícula Cero, Fomento y Apoyo al Empleo Juvenil y el Ingreso Solidario, entre otros.
ENS: ¿Está de acuerdo con que en el proyecto de ley de presupuesto 2022 se reforme parcialmente la Ley de Garantías?
JG: Claro. Es que todo tiene un sentido. Cuando uno la revisa, de manera aislada, pues tiene que dar argumentos reales, argumentos de fondo. El primero de ellos es el control constante que tiene la Contraloría General, un control que permite que se pueda evitar la mala destinación de los recursos, o que vayan a las campañas políticas o para la corrupción, como ha sucedido. Quiero recordar que precisamente es la Contraloría la que ha advertido la gran mayoría de escándalos de corrupción.
Pero adicionalmente hay que decir que tenemos una reforma tributaria aprobada, que aporta $15,2 billones entre lo que falta de este año y el próximo para el presupuesto nacional, y tenemos un presupuesto de casi $70 billones en inversión social. La reactivación económica está funcionando, se han recuperado aproximadamente dos millones de empleos y se espera que la economía crezca al final del año a un porcentaje cercano al 9%. Se espera que las líneas de pobreza vuelvan a bajar a los niveles en que estaban antes de la pandemia. Entonces, sí vale la pena reformar la Ley de Garantías.
Y un argumento adicional: 13 de las ciudades capitales están en manos de partidos alternativos, algunos incluso de la izquierda, y eso tiene un gran significado político. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Manizales, Bucaramanga… En fin, una serie de ciudades que marcan el trayecto electoral en el país y no podemos decir que esos recursos o que esa ley se va a reformar para hacer campaña política. Creo que eso es un sinsentido, es un despropósito, es desinformar a la ciudadanía.
ENS: ¿Cree que debe autorizarse en esa misma iniciativa presupuestal el traslado exprés de afiliados de fondos privados de pensiones a Colpensiones?
JG: Sí, estoy de acuerdo en que se pueda hacer el traslado de los fondos privados de pensión del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Creo que el gobierno anterior se equivocó de cabo a rabo al acabar con el Seguro Social y crear Colpensiones y afiliar muchas personas nuevas a esa misma. Lo que hoy es claro es que los fondos de pensiones tienen que revisarse realmente, quiénes están dispuestos a garantizar a los ciudadanos una pensión digna y quiénes dijeron la verdad cuando los ciudadanos se afiliaron y estaban en edad productiva.
Conozco muchísimas tragedias familiares de personas que durante toda su vida, con unos promedios importantes de salario, a las que los fondos la alternativa económica que les dan es muy poquita frente a los ingresos reales que tenían al momento de terminar su vida laboral.
Pico de inseguridad
ENS. ¿Cuáles son las soluciones que desde el Congreso se pueden aportar para enfrentar el pico de inseguridad urbana y rural? ¿Más reformas penales?
JG. No. Creo que aquí lo que tenemos es que motivar a la Fuerza Pública. La Ley de Transformación y Modernización de la Policía, con medios tecnológicos, con herramientas de seguridad electrónica, con inteligencia, con muchos medios y con garantía para todos los ciudadanos, nos permitirá resolver dificultades de este tipo.
Y otro elemento importante: tenemos que darles herramientas a los jueces y fiscales para mantener privados de la libertad a los bandidos. Recientemente, estuvimos en un consejo de seguridad en Yopal, y la mayor queja de los ciudadanos es la inseguridad, el raponeo, el hurto a mano armada y los robos menores en la calle. Este es un asunto que tenemos que resolver entregando herramientas a los jueces y fiscales para mantener privados de la libertad a estos delincuentes.
¿Rebaja de salarios?
ENS: ¿Definitivamente terminará este cuatrienio parlamentario sin que se haya reducido o congelado el salario de los congresistas, como lo exige la opinión pública?
JG: Por ahí todavía hay un proyecto que busca reducir el salario de los congresistas y el tamaño del Congreso, pero no creo que en plena campaña electoral eso sea posible. Esa es una decisión que se debería llevar a una constituyente. Se deberían evaluar exactamente las condiciones bajo las cuales la opinión pública, y cuál opinión pública, es la que pide eso. Fíjese: el Congreso es una entidad que goza de poca aprobación, casi del 10%. Pero resulta que el Congreso recibió, en cabeza de todos los senadores y todos los partidos políticos, una votación similar a la que recibieron el presidente Iván Duque y el candidato que perdió, Gustavo Petro, hoy senador. La votación fue muy similar. Entonces, a veces esa relación de coherencia entre la opinión pública y la participación electoral no se compadece con la realidad.
De manera que ahí sí creo que valdría la pena revisar de fondo cuál es el inconformismo y qué mecanismos adicionales se podrían activar para evitar que lleguen al Congreso personas que eventualmente no son afines o la ciudadanía no gusta de ellas. Creo que el principal elemento sería el control social, que los ciudadanos castiguen o premien la buena o mala gestión de los congresistas.
ENS: ¿Está de acuerdo con el proyecto que establece que el segundo tramo de la legislatura comience a mediados de febrero y no de marzo?
JG: Sí, creo que todo lo que podamos hacer para mejorar la competitividad del Congreso, el trabajo y las condiciones de vida de todos los colombianos es fundamental. Pero nadie mejora su calidad de vida o sus condiciones haciendo que los otros trabajen más o menos. Ese no es el fondo de la discusión. Lo son los temas que se llevan al Congreso: la lucha contra la corrupción, la pobreza, la inseguridad y cómo reconciliar el país. Debemos encontrar cómo hacemos para reconciliar a Colombia de una fractura que tiene la sociedad después del plebiscito, porque la mitad del país voto por el sí y otra mitad por el no, y eso ha hecho que un proceso de paz que todo el mundo ve con sorpresa, que ve con buenos ojos, al interior de Colombia no lo veamos así, que los dirigentes políticos insistan con discursos incendiarios y con discursos extremos para que el país no vaya bien.
ENS: ¿Cree que las 16 curules de paz quedarán realmente en cabeza de las víctimas y no de ‘colados’ de partidos tradicionales, los ExFarc o incluso infiltrados de grupos criminales?
JG: No. Hoy no está garantizado. Eso depende de la modulación del fallo de la Corte Constitucional. En el caso que me correspondió, en compañía de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, firmar el texto del acto legislativo y enviarlo para promulgación del Presidente, tengo tres observaciones:
Primero: el eje del proceso de paz fueron las víctimas, y hoy no han recibido ni tienen garantizado su derecho de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Segundo: la mitad de las víctimas del país están asentadas en Bogotá, y el 30% en el resto de las ciudades capitales, pero la figura, como quedó el acto legislativo, solamente autoriza las zonas rurales de esas circunscripciones para votar por la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera que ahí entra o no se define claramente el concepto de residencia por parte de la Corte Constitucional, pues vamos a tener enormes problemas para que elijan y sean elegidos esos ciudadanos colombianos.
Y el tercer elemento es que el Registro Nacional de Víctimas tiene aproximadamente 9 millones de ciudadanos, y no se ha definido por parte de la Corte (que también lo debería hacer) si ese es el mismo registro para participar en las elecciones o si es un registro diferente. Eso no está establecido: quiénes pueden ser elegidos y quiénes pueden elegir a estas personas. De manera que sí creo que hay que hacer una tarea con la Corte Constitucional y que vamos a acompañar, de la mano de la Mesa Nacional de Víctimas, e invitamos a los ciudadanos a ser vigilantes, para que esas 16 curules queden verdaderamente en las manos de las víctimas y por ningún motivo en manos de los victimarios o cualquier red derivada de esos victimarios.
Congresistas-candidatos
ENS: Este Congreso marca récord en cuanto a senadores y representantes a la Cámara que también son precandidatos presidenciales. Hay quienes consideran que sería sano que, para futuras campañas, mientras estén en campaña esos parlamentarios pidieran una licencia ¿Qué opina?
JG: Me parece una buena idea. Creo que puede ser muy útil pero cuando las campañas empiecen porque hasta ahora, realmente, ninguno de los congresistas, en el caso de los senadores (que son los que directamente conozco y que tengo contacto con ellos) se ha ausentado o se ha tenido que ausentar de una plenaria o una comisión por las campañas electorales. Realmente, se requiere más tiempo para esto, creo que valdría la pena que soliciten una licencia, pero finalmente es un asunto personal.
ENS. Caída la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños ¿Cree que el tema debería llevarse al constituyente primario, vía referendo o plebiscito?
JG. No estoy seguro. Creo que el tema de la cadena perpetua es un mensaje pero lo que debería pasar es que esa sanción sea “hasta cadena perpetua”; que los jueces en su sabiduría y su conocimiento puedan tomar determinaciones de llegar con la sanción penal hasta ese punto en casos que sean completamente emblemáticos y ejemplarizantes para el país. A veces ha pasado y hemos tenido información de que las parejas cuando pelean con el papá, el hijo o al revés, terminan poniendo denuncias y utilizando mecanismos de esa naturaleza para llevar de una manera judicial esa separación y buscar controlar las visitas de los menores y otras cosas.
Creo que la cadena perpetua es una medida muy extrema. En cualquier caso que llegara a haber una sola persona que sea condenada de manera injusta, se viene abajo toda la figura y eso no se justifica por ningún motivo ni la impunidad ni una sanción injusta.
ENS: Visto todo el escándalo del MinTic y Centros Poblados, ¿cree que se debe afrontar una nueva reforma al estatuto anticorrupción?
JG: En Colombia debemos sincerarnos. Hay muchas normas anticorrupción, hay muchas normas para la contratación, hay pliegos tipo, tenemos muchísimas herramientas. La próxima semana en el orden del día tendremos un nuevo proyecto anticorrupción, que es el de la moralización pública, liderado por la Contraloría, el Ministerio del Interior y un grupo de congresistas.
Creo que herramientas tenemos, lo que tenemos es que trabajar desde los valores, desde la formación de las personas, de entender qué es correcto y qué no es correcto, porque al final podemos tener todas las herramientas pero si los ciudadanos o los empresarios quieren desfalcar o coger el erario público como un botín, podríamos utilizarlas todas y nunca vamos a llegar a combatirla en su totalidad.
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