Entrevistas

Vacuna no es un producto de mercadeo político o electoral: Contralor

EL NUEVO SIGLO:- ¿Qué preocupaciones tienen los órganos de control frente al proceso de vacunación?

CARLOS FELIPE CÓRDOBA.- La vacuna no es un producto de mercadeo político o electoral, ni su administración puede estar sujeta a ningún tráfico de influencias.

Por eso estamos trabajando en equipo con la Procuraduría, Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo haciendo seguimiento permanente a todo el proceso de vacunación.

A través de nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) estamos conectados permanentemente con fuentes vitales como el PAYWEB 2.0, RUAF y MiVacuna, con los registros del Instituto Nacional de Salud y los datos de la Registraduría Nacional para verificar la calidad y la rigurosidad de la información.

ENS:- ¿Cómo podría ser la participación de los privados en el proceso de vacunación?

C.F.C.- Esa es una decisión exclusiva del Gobierno nacional pues es quien debe establecer si esa participación se puede dar y en qué condiciones. En las actuales circunstancias que vive el país la vacuna es un bien público que requiere especial protección. Desde esa perspectiva, la Contraloría y los demás órganos de control e investigación seguirán vigilando el cabal cumplimiento de un Plan que es prioritario para ganarle esta crucial batalla a la pandemia.

ENS:- Hay varios casos donde las enfermeras se han equivocado al momento de vacunación ¿Qué se ha hecho allí?

C.F.C.- Es preciso verificar cada caso en particular. Hemos solicitado toda la información y reporte de lo sucedido. Independientemente de las circunstancias, seguiremos vigilando para que las vacunas no lleguen a brazos equivocados, es decir, para que se les dé prioridad a las personas que, por su edad y condición de salud, sean atendidas conforme a las fases y etapas previstas, de forma oportuna.

Respecto a los casos divulgados por las redes sociales y algunos medios de comunicación, la Contraloría ha realizado las respectivas visitas a las IPS con el propósito de verificar los hechos y con base en los resultados evaluar las posibles acciones de fiscalización.

Adicionalmente, se ha solicitado al Ministerio de Salud, que respecto a este tipo de situaciones fortalezca los procesos establecidos en los lineamientos para reducir los errores en los procedimientos de vacunación. 


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ENS:- ¿Cómo se está aplicando el nuevo régimen fiscal en la vigilancia y la lupa sobre los contratos y destinaciones presupuestales relacionados con la emergencia sanitaria?

C.F.C.- Le hemos apostado a la prevención, con ánimo vigilante, con la disposición absoluta de nuestro equipo de trabajo -aun en circunstancias adversas- y con el formidable apoyo de la tecnología y de la gente. No hemos dejado de visitar zonas sensibles del país, allí donde hemos advertido que puedan estar en riesgo los recursos públicos.

Con la facultad preventiva hemos obtenido beneficios por una cifra cercana a los 6 billones de pesos. Con el seguimiento permanente y de la mano con la tecnología y la ciudadanía, logramos acompañar la culminación de proyectos como la Ruta del Sol III o el Túnel de la Línea.   En la Contraloría queremos ser parte de la solución y no del problema.

También hemos sido, en equipo con los demás órganos de control, los ojos vigilantes de los presupuestos públicos destinados a la solidaridad social y a la reactivación de la economía en medio de la pandemia.  Hoy nuestra capacidad preventiva es enorme y el seguimiento a los recursos públicos es oportuno y permanente.

¿Cuánto se invirtió?

ENS:- ¿Cuánto se ha invertido en el plan de contingencia contra el covid-19? ¿La Contraloría tiene esa respuesta?

C.F.C.- Al comenzar 2021, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) contaba con apropiaciones por $40,53 billones, compromisos por $22,05 billones, obligaciones por $18,70 billones y pagos netos igualmente por $18,70 billones.

La atención a la emergencia sanitaria generaba compromisos por $6,74 billones y la ayuda a la población vulnerable por $8,65 billones. Para la protección del empleo y la reactivación económica los compromisos ascendían a $3,59 billones.

Un informe que acaba de producir la Dirección de Estudios Sectoriales de nuestra delegada en Salud tiene un énfasis en la manera cómo se transformaron los recursos antes de pandemia hasta finalizar 2020. Evidenció que se inyectaron $3,48 billones de pesos entre febrero y diciembre. De estos, $3,21 billones tuvieron como destino FOME. Hubo un importante esfuerzo fiscal, administrativo y de gestión del Gobierno nacional que deberá ser aún mayor para 2021, debido al contexto de vacunación y fortalecimiento del sistema.

ENS:- ¿A hoy cuántas investigaciones y procesos fiscales hay alrededor de presuntas anomalías en los dineros destinados a contener la pandemia?

C.F.C.- Los consolidados periódicos nos indican que hemos abierto 45 procesos de responsabilidad fiscal por indebida contratación con recursos de la pandemia. Hemos hecho seguimiento en tiempo real a los $67,4 billones de contratación de urgencia manifiesta y a los $40,53 billones de fuente FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias). Generamos 466 alertas por valor de $578.237 millones, que llevaron a renegociar, en mejores condiciones para la administración, contratos por miles de millones de pesos.


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ENS:- ¿Los ‘carteles de la contratación’ y la ‘contratación a dedo’ continúan asomando, como se vio en las primeras investigaciones del año pasado?

C.F.C.- Las actuaciones de la Contraloría han tenido un importante alcance disuasivo y ha hecho que carteles y mallas de contratistas se inhiban de alguna manera o se debiliten, sin que eso signifique que los riesgos que generan hayan desaparecido por completo. La administración pública ha adquirido mayor conciencia de que la contratación por vía de urgencia manifiesta no es sinónimo de contratación a dedo ni está desprovista de controles.

Lo recuperado

ENS:- ¿De los dineros en riesgo detectados en 2020 por las pesquisas de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, cuánto ha podido salvaguardar su despacho?

C.F.C.- De acuerdo con las cifras consolidadas hasta el último día de 2020, habíamos revisado más de 160.000 contratos por un valor de $11,8 billones de pesos relacionados con la atención de la pandemia. Generamos alertas preventivas de presuntos sobrecostos cuyo valor bordea los $600.000 millones.

Gracias a nuestra actuación oportuna y preventiva, las entidades territoriales renegociaron o ajustaron costos en contratos con alertas que sumaban $129.380 millones logrando reducir su valor a $80.233 millones. Los posibles sobrecostos inicialmente estimados bajaron en $41.000 millones.

Fueron cancelados 17 contratos que presentaban ese tipo de irregularidades por un valor de $21.543 y en 35 procesos de contratación las entidades ajustaron costos y el presunto sobrecosto se redujo a cero con beneficios por $6.140 millones. Eso da una dimensión clara de los enormes recursos que hemos logrado salvaguardar.

ENS:- Ahora, que se iniciaron las clases presenciales ¿Cómo está el PAE durante la época de la pandemia?

C.F.C.- El 14 febrero veíamos con preocupación que 48 de las 95 entidades territoriales que hasta ese día habían reabierto sus colegios, aún no reportaban el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Es importante que no se siga dilatando un programa de esa importancia, que beneficia a más de 5,6 millones de estudiantes.

El seguimiento lo estamos haciendo a través del Sistema de Control Fiscal Participativo y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y su Unidad de Alimentación Escolar “Alimentos para aprender”.

Gracias a nuestro control preventivo hemos visto como los entes territoriales han ido contratando, sin embargo, a corte de 11 de marzo, faltaban 17 por reportar inicio del PAE y 25 no habían incorporado recursos del FOME para implementar protocolos de bioseguridad en el retorno gradual de los estudiantes a colegios oficiales.

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